Bogotá Universidad Distrital Francisco José de Caldas, sede carrera Séptima. Foto Felipe Restrepo Acosta / Licencia Creative Commons
Jorge Federico Ramírez Escobar, docente de la Universidad Distrital y secretario de Derechos Humanos de Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, se dirigió al presidente de la República y al ministro de Educación para denunciar presunta corrupción, amenazas y presuntos vínculos con paramilitares
Por: Unidad Investigativa
En un país donde han asesinado por mucho menos, no es fácil que docentes y funcionarios se atrevan a denunciar la corrupción en las instituciones públicas.
Las denuncias hechas públicamente y firmadas por Jorge Federico Ramírez Escobar son de tal gravedad que recuerdan tiempos oscuros de corrupción, asesinatos y control financiero por parte de estructuras paramilitares en las décadas de 1980 y 1990 en universidades como la de Córdoba, Sucre, Cartagena, Atlántico y Magdalena, donde decenas de docentes, estudiantes y trabajadores fueron asesinados y desaparecidos.
Desde el inicio, el Gobierno y el Estado deben proteger la vida de quienes, de manera ética y responsable, formulan las denuncias en defensa del derecho colectivo a la educación superior pública, la transparencia en sus finanzas y el derechos al trabajo digno. Tal es el caso del profesor Jorge Ramírez Escobar, miembro del sindicato de profesores ASPU, quien puso en conocimiento “la amenaza de muerte realizada por Elverth Santos Romero, Vicerrector Administrativo y Financiero” dirigida contra él y dos funcionarios: Leonel Cáceres Cáceres, exjefe de la Oficina de Quejas y Reclamos, quien al momento de los hechos fungía como Defensor del Pueblo y miembro del Comité de Derechos Humanos; y Eusebio Rangel Roa, funcionario de la Oficina Financiera de la misma universidad.
Casi que como una súplica, Jorge Federico Ramírez Escobar expresa en su carta: “Me dirijo a ustedes con el debido respeto, para solicitar una intervención inmediata a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, dada la grave situación de corrupción, amenazas y presuntos vínculos con estructuras paramilitares que se han venido denunciando por distintos actores universitarios, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta alguna por parte del Ministerio de Educación ni de la Presidencia de la República”.
Todo el poder al vicerrector
Entre las denuncias que llaman la atención están las maniobras del rector Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez, quien, en un aparente intento de protegerse, ha encargado la dirección y jefatura de varios cargos clave en del sistema financiero de la universidad en una sola persona.
El rector Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez ha nombrado a Elverth Santos Romero, además de vicerrector Administrativo, como jefe Financiero, de Contratación y Trámites administrativos, instancias todas sometidas a “investigaciones por ejecuciones financieras y trámites que están bajo la lupa y rigor de investigaciones, como ejemplo de esto son las resoluciones 248, 309, 325 y 326 (…). Esta concentración de poder bastante inusual dada que todas estas dependencias son administrativas y tienen como jefe a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera”. hay respuestas
Esta vicerrectoría se ha convertido en el frente que salvaguarda al rector Tarazona. Desde allí, se niega el derecho a conocer el estado actual de las finanzas universitarias y se ejerce un control y la ausencia de respuestas a requerimientos que se le han hecho a través de derechos de petición.
Según la denuncia del docente Ramírez, la concentración de funciones tiene como resultado “La no respuesta de requerimientos legales como derechos de petición sobre ejecuciones contractuales que fueron denunciadas por posibles hechos de corrupción realizados por la vicerrectoría administrativa, entre las cuales están los contratos de obra de edificio de ingeniería ─caso cemento ocre─, no aplicación de protocolo por presunto acoso sexual, casos de presunta persecución y acoso laboral, entre otros denunciados”.
Según Jorge Federico Ramírez Escobar, no hay respuesta a la “denuncia por presunta Violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, y presunta violación del régimen de contratación pública del señor Santos Romero por vinculación de su abogado defensor personal y particular en la Universidad”.
Seguido, se señala que no ha habido respuesta “por las denuncias por presuntas manipulaciones indebidas sobre los estados financieros de la Universidad” y “por sus presuntos vínculos políticos con paramilitares, en específico del clan Ashton de la costa Caribe y las denuncias realizadas por alias el Canoso de patrocinio político a su clan familiar”.
Presidente y ministro… Hay esperanza
El denunciante Jorge Federico Ramírez Escobar hace un llamado vehemente al ministro de Educación, Jorge Daniel Rojas, para que en ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia a las instituciones de educación superior, el Ministerio de Educación Nacional actúe conforme a lo establecido en la normatividad vigente:
“Ejercer la inspección y vigilancia del cumplimiento de las normas constitucionales y legales que regulan la educación superior, incluyendo las normas de calidad, administrativas, financieras y técnicas, así como del cumplimiento de sus estatutos y reglamentos…”.
El docente Jorge Federico Ramírez Escobar concluye su denuncia: “con la esperanza de que se actúe con la diligencia que exige la magnitud de esta crisis. Lo que está ocurriendo no solo pone en riesgo la integridad de funcionarios y miembros de la comunidad universitaria, sino que compromete el futuro mismo de la institución pública que representamos”.
Con información del Semanario Voz
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