Los Montes de María han sido un escenario clave en el desarrollo del conflicto armado en Colombia. Las montañas de los departamentos de Sucre y Bolívar, han servido como marco de extensas disputas por la tierra y de altas dinámicas de violencia generadas por el ingreso de movimientos insurgentes, grupos paramilitares y una presencia estatal altamente represiva.
Diversas investigaciones han señalado que en la década de los noventa el paramilitarismo se consolidó en los Monte de María con altos intereses de los ganaderos y terratenientes de la zona. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegaron a la subregión bajo el liderazgo de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil y Salvatore Mancuso.
Un informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) que se titula ‘Montes de María Bajo Fuego’ señala que más de 158.000 víctimas de desplazamiento forzado se presentaron en esta zona del país en los últimos 30 años. En el mismo periodo cerca de 82.600 hectáreas de tierra fueron abandonadas, convirtiéndose en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado.
De acuerdo con el documento, “entre 1996 y 2001 los paramilitares ejecutaron más de 70 masacres contra campesinos de los pueblos y veredas, que arbitrariamente consideraban eran supuesto apoyo de la guerrilla”.
El bloque paramilitar que operaba en la subregión era, precisamente, el Bloque Montes de María que se desmovilizó en 2004. En el corregimiento de San Pablo (Bolívar), cerca de 500 paramilitares dejaron las armas.
Víctimas de desplazamiento forzado se presentaron en esta zona de Montes de María
Antes de terminar el mandato de Iván Duque, la Defensoría del Pueblo le había enviado un mensaje al Gobierno nacional para que asignara recursos y ponga en marcha obras destinadas a la infraestructura escolar para el post conflicto en los Montes de María.
Según esta entidad, en al menos, 34 colegios se presentan falencias en los servicios básicos para más de 5.000 estudiantes y más del 80 % de los predios donde funcionan los establecimientos académicos no han sido legalizados.
Fuente: La Regional