Quito.-La vida del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, que se encuentra en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, corre peligro, advirtió hoy el Comité Internacional que busca su liberación.
“Es deber del gobierno presidido por Daniel Noboa garantizar la vida y la integridad física de Jorge Glas. Solicitamos nuevamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplíe las medidas cautelares en su favor, dado el sistemático incumplimiento del Estado ecuatoriano de sus obligaciones”, señaló el Comité en su cuenta de X.
El ex vicegobernante, considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o “lawfare” en Ecuador, recibió de forma temporal la prelibertad el 28 de noviembre de 2022 luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos; sin embargo, la medida fue revocada.
A inicios de este año, la justicia ordenó su captura por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.
Estuvo en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de 2024, día en que policías entraron violentamente y sin autorización en la legación diplomática.
Noboa reiteró recientemente la negativa a entregarle un salvoconducto pese a su condición de asilado, pues considera que debe cumplir pena por supuestos delitos cometidos en el territorio nacional.
Este jueves, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, declaró a la emisora Radio Centro que no le extrañarían supuestos intentos para atentar contra Glas y así culpar al Gobierno.
De acuerdo con de la Gasca, se redobló la seguridad del exfuncioanrio para evitar “este tipo de cosas porque no nos sorprendería que lleguen a esos extremos”.
Debido a su estado de salud, la defensa del ex vicepresidente, basada en el Código Orgánico Integral Penal, solicitó a fines de diciembre su traslado hacia un hospital psiquiátrico por padecer un trastorno relacionado con intentos de suicidio.
El abogado de Glas, Andrés Villegas, pidió la aplicación de esa medida e insistió en que fue una detención ilegal porque se violaron convenios internacionales al allanar la sede diplomática mexicana.
Con información de Prensa Latina