Corregimiento de Caño Negro, zona rural de Tibú, Catatumbo. Foto Óscar Sotelo
Aunque en algunos territorios las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, Citrep, quedaron en manos de liderazgos comunitarios; en varias partes las curules terminaron cooptadas por estructuras regionales que nada tienen que ver con el espíritu original del mecanismo
Por: Eme del Castillo
Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, CITREP, nacieron como una de las apuestas estratégicas del Acuerdo de Paz. Su objetivo era transformador: abrir espacios de representación política para territorios históricamente golpeados por la guerra y marginados del poder institucional.
En teoría, las curules permitirían que organizaciones de víctimas, comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes pudieran llegar al Congreso sin competir en desigualdad con los partidos tradicionales.
Sin embargo, el balance de las recientes elecciones muestra una realidad más compleja. Aunque en algunos territorios ganaron liderazgos comunitarios con trayectoria organizativa, en varias circunscripciones las curules terminaron disputadas —y en algunos casos cooptadas— por estructuras políticas regionales que nada tienen que ver con el espíritu original del mecanismo.
Desigualdad
El primer problema es la desigualdad estructural que enfrentan las organizaciones sociales cuando intentan competir electoralmente. En muchas regiones rurales, las campañas siguen atravesadas por redes clientelares, alcaldías, clanes políticos, estructuras económicas locales e incluso presiones armadas.
En ese contexto, las organizaciones de víctimas suelen competir con enormes desventajas frente a candidaturas que cuentan con padrinos políticos, recursos y maquinaria electoral.
Uno de los casos más evidentes se dio en la circunscripción del Catatumbo, donde resultó elegida Tatiana Judith Gaona Pinzón. Su candidatura fue cuestionada desde el inicio por su cercanía con el clan Pinzón, una estructura política con larga presencia en la región.
El episodio ilustra cómo una curul creada para representar a víctimas del conflicto puede terminar orbitando alrededor de las mismas lógicas de poder territorial que históricamente han dominado la política local.
En Córdoba la situación tampoco fue distinta. Allí ganó Laura Vanessa Díaz Cura, cuya candidatura había estado asociada, por parte de diferentes reportes periodísticos, con el entorno político del alcalde de Tierralta y con sectores del conservatismo regional.
Además, en el territorio circularon denuncias sobre posibles maniobras de inscripción de votantes en zonas rurales, precisamente donde estas curules tienen su base electoral. Más allá de la legalidad formal del proceso, lo que queda en evidencia es el enorme desequilibrio entre organizaciones sociales con trabajo comunitario y candidaturas respaldadas por redes políticas consolidadas.
Corrupción y paramilitarismo
El caso de Arauca es aún más preocupante. La reelección de Karen Manrique quedó atravesada por el escándalo nacional de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Tras las elecciones, se conoció que su esposo reclamó la credencial como representante electa mientras ella enfrenta procesos judiciales relacionados con ese caso.
El episodio muestra cómo una curul concebida como mecanismo de reparación política para las víctimas terminó conectada con una de las tramas de corrupción más graves de la política nacional. Hoy se encuentra en vilo debido a que, por la naturaleza jurídica de estas curules, no hay un concepto claro de cómo aplicaría aquí la “silla vacía”.
A esto se suma un elemento simbólico que genera profunda incomodidad entre organizaciones de víctimas. En la circunscripción que abarca Cesar, La Guajira y Magdalena fue reelegido Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del exjefe paramilitar conocido como “Jorge 40”.
Aunque su elección es legal, el hecho de que una región devastada por el paramilitarismo termine representada nuevamente por una figura asociada a ese pasado refleja las profundas tensiones que atraviesan este mecanismo.
Los desafíos democráticos
También merece una reflexión la repetición de varias candidaturas que ya habían ocupado estas curules. Aunque la ley lo permite, en la práctica introduce una desigualdad evidente frente a las organizaciones de víctimas que intentan llegar por primera vez al Congreso.
Quienes ya ejercieron el cargo llegan con ventaja: visibilidad pública, redes políticas y capacidad de movilización construidas durante su periodo. Mientras tanto, las organizaciones comunitarias vuelven a competir desde el punto de partida.
Más que descalificar la figura, el momento invita a una reflexión de fondo sobre cómo garantizar que los territorios más golpeados por la guerra tengan una representación política auténtica.
La promesa democrática que encarnaban las “Curules de Paz” no puede agotarse en estos dos periodos. El desafío ahora es asegurar que las voces de las víctimas, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes tengan un lugar real en las decisiones del país, sin quedar nuevamente subordinadas a las lógicas del poder de siempre.
Con información del Semanario Voz