Luego de más de 13 horas de sesión, donde no existió un debate constructivo para garantizar derechos, el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones. La oposición denunció recortes a la inversión en sectores estratégicos y regiones que continuarán desprotegidas por el Estado.
El proyecto aprobado se diferencia del Gobierno de Gustavo Petro que territorializó el gasto público, amplió la inversión social y priorizó las zonas vulnerables, impulsó una «renta básica universal gradual» para enfrentar la pobreza y la desigualdad. También fortaleció la inversión agropecuaria y los subsidios de energía y gas. La apuesta económica del Gobierno del cambio fue priorizar las necesidades básicas sobre los intereses empresariales, reduciendo las brechas sociales y dinamizando la economía.
Ahora, el llamado «presupuesto milagro» demuestra un ambicioso recorte de derechos. De los 33 departamentos, 24 resultarán castigados en 2027. La regionalización del presupuesto durante el Gobierno De la Espriella cae un 6,92% en pesos constantes. San Andrés, Vichada, Casanare, Atlántico y Tolima figuran entre los territorios más golpeados.
Mientras el fenómeno de El Niño amenaza con intensificarse, no hay respuestas claras sobre las estrategias estatales de mitigación. Expertos alertan sobre sus consecuencias climáticas, sociales y alimentarias. El IDEAM advierte de un posible aumento del 63% en la intensidad del fenómeno entre noviembre de 2026 y enero de 2027. ¿Y qué tiene que ver el presupuesto nacional? Todo.
El fenómeno golpea principalmente a las comunidades vulnerables y al sector agrícola, cuyos cultivos dependen del agua lluvia. La sequía, las altas temperaturas y los incendios forestales destruyen cosechas y pastizales, afectan la ganadería y reducen la producción de alimentos. Todo ello exige una política de Estado.
Sin embargo, se reduce la inversión regional y se aprueban presupuestos sin dimensionar las consecuencias económicas. A mayor sequía, menor producción; ante la escasez, suben los precios y se encarece la vida. Lejos de tener los pies en la tierra, el «presupuesto milagro» recorta un 44,7% al sector agricultura. Tampoco llegó a Minas y Energía: su presupuesto disminuye un 21,5%, mientras faltan al menos $3,1 billones para subsidiar energía y gas, precisamente cuando se avecinan temperaturas extremas.
El “milagro” tampoco llegó a las comunidades afectadas por el terremoto. Mientras se desconoce el destino de los recursos recaudados por la primera dama, la asignación para el Plan de Acción Específico se estima en $58,29 billones. Solo el Valle del Cauca requiere $20,4 billones para su recuperación.
Las cuentas no dan, pero el panorama es claro: De la Espriella no busca ahorrar recursos, sino recortar derechos y profundizar las desigualdades. Lo que se avecina es el endeudamiento del país con la banca internacional y la entrega de los recursos naturales como prenda de garantía, una fórmula ya aplicada en Colombia, endeudar al país, favorecer a las multinacionales que saquean las naciones, en contubernio con los gobiernos de turno y un cheque en blanco para la población, salvando los intereses neocoloniales de Estados Unidos.
Frente al milagro del despojo, no caben el silencio ni la resignación. Es necesario fortalecer la organización popular, articular las luchas territoriales y convertir la indignación en movilización colectiva.
Defender la inversión social es defender los derechos ganados, la soberanía nacional y la vida digna de las mayorías. La unidad, la organización y la movilización son el camino para frenar el retroceso, enfrentar los privilegios y exigir un presupuesto al servicio del pueblo y no del capital.
21 de octubre 2026
Con información del Semanario Voz