Más de 40 organizaciones de la sociedad civil, en el sur de Bolívar, a través de una carta, manifestaron a las comisiones de derechos humanos y Paz del Senado la situación por la que llevan años atravesando.

En la misiva las comunidades expusieron a los congresistas que varios de los municipios de esa región se han convertido “en objetivos estratégicos” para los grupos armados que hacen presencia en la región, reseño El Heraldo.

“En la búsqueda del dominio sobre este territorio, los actores armados ilegales adelantan acciones que pretender hacerse y/o mantener el control de esta extensa región y para ello se han ido reacomodando y/o ocupando determinadas zonas habitadas por población civil”, expusieron las comunidades en su petición.

Manifestaron que, desde el municipio de Tiquisio hasta Cantagallo, se ha dado “un importante y creciente avance paramilitar” en búsqueda de llegar hasta las zonas que tienen una importante dinámica económica, sea por labores de pequeña minería, por tierras aptas para el cultivo de coca o por otros renglones económicos que son atractivos desde el punto de vista financiero para ejercer su dominio.

En la carta las comunidades expresaron que estos grupos armados “han ido ocupando posiciones” en las zonas rurales y algunos cascos urbanos de municipios en los que no tenían presencia hasta hace relativamente poco tiempo.

Expusieron que la presencia de la fuerza pública “no se percibe” como garante de la tranquilidad, de la integridad y de la vida de los pobladores. Al contrario, es percibida “como un agresor más” por los comportamientos que sus miembros tienen con la población y porque “hay serios indicios de que la fuerza pública y los paramilitares actúan conjuntamente”.

Ante estas denuncias, las senadoras Isabel Cristina Zuleta y Gloria Flórez, ambas del Pacto Histórico, se desplazaron el sábado a esa población para recibir de primera manos las denuncias, durante la celebración de una audiencia pública.

Flórez indicó que la reunión “fue vital” para escuchar la voz de nuestras comunidades y sus necesidades más urgentes, para trazar una hoja de ruta que busque la garantía de sus derechos humanos.

“Las prioridades de la comunidad son: desescalonamiento de la guerra, desarticulación de las estructuras criminales que controlan territorios enteros, la crisis ambiental en la Serranía producto de actividades ilícitas y violaciones sistemáticas de DD. HH.”, manifestó la congresista en su cuenta de Twitter.

Destacó, que desde el Congreso y el Gobierno “trabajaremos por atender con prontitud las necesidades de las comunidades y transformar el Sur de Bolívar en un territorio de vida y paz”.

Por su parte, la congresista Zuleta señaló que “la desatención” de ciudadanos por parte de autoridades locales es “una situación aterradora vive el Sur de Bolívar”.

“Situación de los jóvenes en el territorio, las comunidades de la serranía de San Lucas sueñan con un territorio en Paz. Se requieren acciones de desminado, atención en salud, mejoramiento de las vías y lo más importante supuesto que cesen los desplazamientos Sur de Bolívar”, dijo la senadora.
Fuente: La Regional

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