Corte Suprema. Foto X

El policentrismo, la separación de poderes que actúan cada uno de manera autónoma generando un sistema de pesos y contrapesos, es el principio sobre el cual se organizan los poderes en Colombia. Se supone que así se fortalece y se mantiene la democracia, se genera un ambiente de controles entre ellos y se garantizan los derechos ciudadanos y constitucionales.

Editorial 3243

En Colombia existen cuatro altos tribunales: el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Varias de estas han venido tumbando persistentemente varios proyectos sociales, económicos y administrativos claves para garantizar la justicia social y cerrar la brecha de desigualdad en Colombia.

En más de 200 años de vida republicana, nunca las Cortes habían mostrado sus dientes a gobierno alguno, al punto de que el país tiene la sensación de que algunas de ellas, como la Constitucional y el Consejo de Estado, hoy cogobiernan traspasando esa línea de independencia y autonomía para asumir funciones del Ejecutivo e intervenir de manera descarada y directa en la ejecución de políticas públicas sensibles y necesarias para que este país cambie y se transforme.

Desde que inició el Gobierno del cambio, el Consejo de Estado ha venido anulado una y otra vez los nombramientos de los delegados del Gobierno en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, aduciendo irregularidades en el nombramientos de los mismos, pero realmente son fallos políticos que por un lado se suman a toda la estrategia de golpe blando contra el presidente y por otro lado, están claramente dirigidos a torpedear la estrategia de recuperación de esta entidad de las garras de las mafias y poderes que controlan y se enriquecen con el negocio de la energía en Colombia.

Esta semana, la Corte Constitucional declaró inexequible, es decir, tumbó una parte importante del decreto 1961 del 15 de noviembre de 2023, expedido por el presidente Gustavo Petro y que crea el Instituto Nacional de Vías Regionales, INVIR, establecimiento público nacional del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva adscrito al Ministerio de Transporte.

Con el INVIR se busca fomentar la construcción, mejoramiento y conservación de las vías regionales en Colombia, pero con una novedad: las comunidades indígenas, campesinas, Juntas de Acción Comunal, JAC, y comunidades vulnerables del país, podían entrar a participar de la posibilidad de ser contratadas para ejecutar dichas obras regionales.

Aunque las organizaciones sociales, indígenas, campesinas y las JAC, según el marco del decreto en mención, pueden contratar vías veredales, caminos vecinales, placas huellas y pequeñas obras de infraestructura, en la práctica son excluidas de la contracción de obras de mayor envergadura como vías regionales y secundarias. El presidente Petro respondió a la decisión: “Contratar con la comunidad los dineros públicos no solo es el empoderamiento de la comunidad en el camino de la democracia participativa que ordena la Constitución, sino que hace ganar en transparencia la contratación y libera al país de odiosos carteles que monopolizan como renta el dinero público y degradan por completo el Estado y la política”.

Las Cortes, con sus decisiones, se ponen en contravía de la historia presente y futura del país y estan logrando que la sociedad colombiana aumente la desconfianza en el ya desprestigiado sistema de poderes en Colombia, verbigracia, “cartel de la toga” y el “carrusel de contratación” de familiares de magistrados con anteriores Fiscalía, Procuraduría y Consejo de Estado.

Con razón en una columna reciente en El Espectador, titulada ¿Se está “Lochnerizando” la Corte Constitucional?, el jurista y profesor Rodrigo Uprimny escribió: “La llamada ‘Era Lochner’ es un periodo de la Corte Suprema de los Estados Unidos severamente criticado por la doctrina de ese país y por la teoría constitucional comparada, por haberse vuelto un tribunal pro-ricos. Traigo esa referencia porque temo que nuestra Corte Constitucional corre el riesgo de ‘lochnerizarse”.
Con información del Semanario Voz

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