El encuentro nacional de profesoras y profesores de la Universidad Nacional de Colombia es un acontecimiento de gran relevancia para la vida académica, social y política nuestra alma mater.
Durante dos días nos reunimos en modalidad híbrida alrededor de 500 profesores y profesoras de las distintas sedes, facultades e institutos para reflexionar sobre las diversas dimensiones de la crisis que se ha agudizado en los últimos 2.5 meses, y acordar caminos para las salidas y los horizontes de transformación.
Este ejercicio arrojó importantes contribuciones que expresan la diversidad territorial, de género, étnica y disciplinar que configura el estamento profesoral. Tenemos la firme convicción que la creatividad que nos acompañó y el amor que nos movilizó dan cuenta de la potencia de lo aquí logrado.
Frente a los asuntos discutidos consideramos que:
1. Crisis de la Universidad: Estos meses han develado el carácter estructural de la crisis. Y si bien, esta se enmarca en los problemas derivados del orden neoliberal, cobra unas expresiones concretas tanto en el sistema de educación en general, como en la Universidad Nacional en particular. Entre las diferentes expresiones de la crisis encontramos la mercantilización de la vida académica, la precarización laboral, el deterioro del sistema de bienestar, el desconocimiento de la vida democrática, la jerarquización disciplinar en detrimento de algunas de éstas, la desvalorización de la práctica docente, los órdenes patriarcales que animan las violencias y las desigualdades basadas en género, la pérdida de liderazgo de la Universidad en la perspectiva de contribuir a resolver las problemáticas que afectan al país, su falta de protagonismo en el sistema de educación superior, el carácter cada vez más dominante de prácticas individualistas y antiéticas que permean el ethos de la universidad, entre otros asuntos. Pese a la magnitud del problema, esta crisis ha posibilitado elaborar análisis rigurosos sobre la situación vivida y ha estimulado un proceso de organización y reflexión colectiva.
2. Movilización multi-estamentaria: La movilización expresa, por una parte, nuestra indignación frente al proceso surtido con la designación del Rector y, por la otra, nuestra disposición para caminar articuladamente en la defensa y recuperación de la Universidad Nacional de Colombia. Durante estos 2.5 meses se han realizado textos, piezas artísticas, foros y debates en los cuales no solo se ha caracterizado la crisis, también, se han delineado algunos caminos para su solución. De ahí que cualquier escenario que procure una salida debe darse de la mano de la comunidad universitaria en movimiento y atendiendo al conjunto de las garantías demandadas.
Sea esta la oportunidad de manifestar nuestro reconocimiento a la asamblea permanente de los y las trabajadoras de la UN y a las diversas expresiones de la movilización estudiantil.
3. Autonomía y gobierno universitario: La autonomía universitaria es un derecho que ha sido negado. Es el ejercicio equilibrado entre la democracia participativa, el gobierno autónomo, el financiamiento estatal y la determinación responsable por parte de la comunidad universitaria de las políticas integrales que armonicen las tres misiones fundamentales: extensión, investigación y docencia. De lo anterior, deriva la urgencia de establecer los puentes efectivos entre el ejercicio de la democracia y la construcción autónoma de un gobierno universitario que posibilite que la Universidad cumpla a cabalidad sus funciones misionales como institución que vela y construye el conocimiento, como un bien común, y que se distancia de las concepciones de la Universidad empresarial.. Es pues, una tarea pendiente la consolidación y defensa de la Autonomía Universitaria, su armonización con un gobierno autónomo y la indelegable defensa de la democracia como bien supremo de la construcción del conocimiento.
4. Ley 30 y política educativa: Es fundamental defender el régimen especial de la Universidad Nacional de Colombia, que hoy está en riesgo. Las políticas desplegadas por las últimas administraciones han alejado a la universidad de los fines misionales que justifican ese régimen y defenderlo exige una reforma de nuestros estatutos, en especial en los asuntos referidos al gobierno universitario y a la articulación académica de las tres funciones misionales de la Universidad. También se resalta la necesidad de reformar prioritariamente los artículos 86 y 87 de la Ley 30, para así asegurar la financiación estatal y superar las restricciones presupuestales que impiden la garantía del derecho fundamental a la educación superior. Por otra parte, es necesario subrayar la existencia de distintos aspectos problemáticos del proyecto de ley estatutaria que se tramita en el Congreso de la República, pues esta ley definirá el marco general en el que se discutirá la ley general de educación superior.
Tales aspectos problemáticos son: la incorporación del Marco Nacional de Cualificaciones como aspecto estructurante del sistema educativo del país, las inconsistencias que se observan con respecto al principio de gratuidad en la educación superior, los riesgos que se derivan para la autonomía universitaria del concepto de pertinencia que se establece en el proyecto de ley, la indefinición del principio de “libertad educativa”, el sometimiento de la garantía del derecho a la educación al principio de sostenibilidad fiscal, la división problemática que se plantea entre ciencias sociales y humanas y artes, por un lado, y ciencia y tecnología, por otro; la falta de claridad en la incorporación transversal del enfoque de género y del enfoque diferencial en cuanto al reconocimiento de los distintos procesos cognitivos de las y los estudiantes. Se insiste en que el proceso de deliberación sobre una nueva ley general de educación debe iniciarse indicando qué se entiende por “educación”, además de plantearse soluciones estructurales a asuntos de bienestar de las comunidades universitarias, precarización de la labor docente y mecanismos no meritocráticos de acceso a la educación superior. Urge que la ley general de educación superior habilite la posibilidad de convocar a procesos constituyentes en las universidades públicas en el marco del respeto por la autonomía universitaria.
5. Investigación y extensión y su relación con la sociedad: Estas funciones misionales de la UN deben dejar de ser los instrumentos para su autofinanciación. Se debe rechazar su orientación mercantilizadora y privatizadora y propender por la recuperación de los principios de integralidad, territorialización y la construcción de un conocimiento que responda a los problemas del país. En este sentido, la ética y la transparencia no pueden ser solo valores nominales, deben configurarse como ejes que orienten el cumplimiento de los principios rectores en nuestra universidad. Es una tarea urgente la reformulación de la normativa actual, esta tarea debe ser parte central de una agenda de trabajo de corto plazo que alimente una hoja de ruta que pueda transformar las relaciones de la universidad con la sociedad y el país. Es importante no hacer divisible la investigación, la docencia y la extensión porque se retroalimentan continuamente.
6. Inequidad y precarización laboral: Se reconoce que la precarización laboral está en relación al modelo de Universidad privatizador vigente que, desde la explotación laboral de los docentes ocasionales, becarios, catedráticos e incluso en los de planta, encuentra una fuente de financiamiento de la educación superior basado en las múltiples violaciones de los derechos de los y las trabajadoras creando un “sistema de castas académicas.” Existen 4 condiciones que exacerban estas condiciones: temporalidad laboral, falta de avance profesional, ausencia de participación democrática y de bienestar universitario, las cuales configuran barreras de acceso a la consecución de derechos dada la “institucionalización de una cultura de abuso.” Desde la mesa se propone continuar en la mesa de negociación con el gobierno por la formalización laboral, el aumento de la planta docente, la Reforma a la Ley 30, el reconocimiento de los otros saberes y su articulación a la planta docente en igualdad de condiciones; la no revictimización en los concursos docentes; la restitución del tejido social de la Universidad sobre la base de generar una comunidad con condiciones de trabajo dignas para todos y todas; el fortalecimiento de lo organizativo; el reconocimiento a quienes desde el movimiento sindical han estado al frente de esta lucha. Finalmente, la necesidad de reparación y no repetición de este estado de cosas que viven los y las docentes ocasionales.
7. El Consejo Superior Universitario en la solución de esta crisis: La reconfiguración del CSU abre condiciones para encontrar salidas democráticas a la crisis que vivimos. Atendiendo a la autonomía universitaria le demandamos que allane el camino para la designación de un rector encargado de modo temporal o en propiedad, con el debido respeto de los estatutos generales y reconociendo el proceso de consulta surtido el pasado 21 de marzo a la comunidad académica.
8. Las acciones ilegales e ilegítimas del profesor Ismael Peña y un mal denominado equipo directivo: Desconocemos el autonombramiento del profesor Ismael Peña y de su equipo colaborativo. En este sentido rechazamos los llamados a culminar las asignaturas de pre y posgrado, a través del uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Este tipo de exigencias son improcedentes en tanto no permite garantizar los parámetros mínimos de calidad que caracterizan la formación que impartimos en nuestras aulas y laboratorios, y porque reitera la negación a cualquier diálogo sobre la democracia universitaria y el modelo de educación superior de parte de quienes se autodenominan directivos y directivas de nuestra institución. En el mismo sentido, desconocemos la modificación sugerida del calendario académico.
9. Constituyente universitaria: la constituyente se entiende como un proceso de participación directa autónoma que fortalece la constitución de la comunidad universitaria como sujeto colectivo con capacidad de decisión respecto a asuntos fundamentales de la democracia universitaria. Reconocemos que este proceso ya ha iniciado en algunas sedes y en otras forma parte del trabajo a profundizar a partir de este encuentro. El momento en el cual nos encontramos implica de manera inmediata la articulación de la universidad con el debate sobre Ley Estatutaria y reforma a la Ley 30, así como exigencias internas a los cuerpos colegiados, en particular CSU para que convoque el proceso participativo de carácter nacional en perspectiva de favorecer con este respaldo legal la existencia de condiciones necesarias para continuar su desarrollo o iniciarlo en donde no ha sido posible.
10. Finalmente, queremos resaltar la necesidad de darle continuidad a estos encuentros nacionales los cuales deben realizarse con un apoyo institucional efectivo para así garantizar la participación de tod@s los y las profesoras que deseen participar de estos espacios de diálogo y construcción de propuestas frente a la universidad que queremos.
Los elementos señalados denotan la complejidad del proceso surtido y los desafíos que enfrentamos. La Universidad Nacional de Colombia es patrimonio de la nación y reclama que la abracemos y procuremos salidas democráticas y autónomas a la crisis.
Mayo 30 de 2024