El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, junto con el Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), puso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) diferentes actos de persecución política que se han emprendido en su contra durante la campaña electoral.
Por Agencia Periodismo Investigativo
Con esta acción, Cepeda Castro denunció una campaña publicitaria, desplegada por Álvaro Uribe Vélez y su entorno, que busca relacionarlo falsamente con la extinta guerrilla de las Farc y el narcotráfico.
Esta desinformación ha sido difundida a través de medios de comunicación, empleando vallas publicitarias y bodegas en las redes sociales, entre otros mecanismos.
Asimismo, el candidato advirtió sobre las acciones realizadas por personajes del uribismo en oficinas federales de Estados Unidos, con las que intentan presionar investigaciones en su contra.
En ese sentido, Cepeda Castro explicó que en esta campaña se han utilizado “toda clase de mentiras”, como fotografías descontextualizadas de su papel en procesos de paz, así como el intento de revivir un supuesto archivo extraído del computador de Raúl Reyes, miembro del secretariado de las Farc, sobre el que ya se pronunció la Corte Suprema de Justicia de Colombia respecto a las irregularidades en su obtención y en la cadena de custodia.
Además, reiteró que por medio de una maniobra “sucia y tramposa” el Consejo Nacional Electoral lo excluyó de la participación de la consulta del próximo 8 de marzo.
“Han sido puestas a funcionar toda una serie de campañas, mecanismos, métodos abiertamente ilegales y criminales por parte del uribismo para intentar infligir una derrota al Pacto Histórico”, afirmó Cepeda.
Por esta razón, le solicitaron a la CIDH que realice un monitoreo especial sobre este caso y requiera al Estado colombiano para que adelante, con carácter urgente y con la debida diligencia, la investigación de estos hechos, así como para que adopte las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad y para que pueda ejercer, con garantías, sus derechos políticos.
Por Agencia Periodismo Investigativo