Por: María Eugenia Londoño
Por más de treinta años la educación pública ha sido blanco de ataques, contra-reformas, desfinanciación, privatización abierta y soterrada, estigmatización, entre otros mecanismos que buscan destruirla como bien social al servicio del pueblo.
A pesar de estas pretensiones, son casi cuatro años en los que se ha abierto una poderosa grieta en el modelo neoliberal aplicado a este campo. El Gobierno del Cambio ha potenciado su financiación, llegando a cifras récord en 2026 con más de 88 billones de pesos.
Durante su período se han revitalizado en la educación superior elementos como la política de gratuidad, que llega al 97% de la población, el aumento en la cobertura, su financiación desde la oferta e inversión histórica en infraestructura. En el campo de la educación preescolar, básica y media, su impacto ha sido determinante. El aumento del presupuesto ha logrado una mayor contratación de docentes y orientadores, así como una mayor cobertura en la ruralidad.
Por otra parte, el Programa de Alimentación Escolar, PAE, se ha democratizado gracias a la participación de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, quienes ejecutan el programa en sus territorios. Su cobertura ha llegado a más del 82%, logrando entregar más de 2,6 millones de canastas alimentarias.
Otro de los logros a destacar apunta a la dignificación de la labor docente a partir de la reestructuración de la evaluación de ascenso y reubicación salarial del magisterio, logrando que más de 100 mil docentes ascendieran en el cuatrienio. Asimismo, se han focalizado ingentes esfuerzos en infraestructura y dotación, así como el reconocimiento del Sistema Educativo Indígena Propio, SEIP, como política pública.
Las transformaciones apenas empiezan. Estos avances deben profundizarse y defenderse de quienes anhelan retornar a los tiempos de sus privilegios a costa de los derechos del pueblo. Materializar el mecanismo adecuado de financiación a partir de la reforma al SGP y su reglamentación, la modificación de las relaciones técnicas docente-aula-estudiantes y la unificación del estatuto de la profesión docente son apenas algunos derroteros estructurales para el periodo venidero.
La propuesta en el campo de la educación de Iván Cepeda y Aida Quilcué, plantea la necesidad de concebirla como una herramienta de emancipación popular y construcción de paz con justicia social.
Su programa gira en torno a hacer de esta un escenario incluyente y digno, asociado a la investigación y formación de pensamiento crítico, garantizándola como derecho fundamental y prioridad del Estado; promoviendo la dignificación laboral y la garantía integral de derechos del magisterio, fortaleciendo la democracia escolar, la participación social y la educación para la paz.
El país se disputa entre dos modelos opuestos: privilegios para unos pocos o derechos para el pueblo. El magisterio ha decidido y su respaldo irrestricto será por la profundización de las transformaciones en primera vuelta. La disputa por la educación por el futuro de nuestro país.
Con información del Semanario Voz