Los audios revelados salpican al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández; al actual presidente hondureño, Nasry Asfura; al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; al presidente argentino, Javier Milei, y al presidente estadounidense Donald Trump
Audios filtrados revelan una presunta operación transnacional de desinformación financiada desde Washington, Tel Aviv y Buenos Aires, con Colombia y sus elecciones de 2026 como uno de sus objetivos
Por: Flora Zapata
El nombre lo dice casi todo: Hondurasgate. La evocación al Watergate no es casual. Como aquel escándalo que tumbó a Nixon, este caso gira en torno a grabaciones comprometedoras, operaciones encubiertas y el abuso del poder al servicio de intereses políticos.
Pero a diferencia del original, esta trama no se limita a un país ni a una sola elección. Sus tentáculos, según la investigación publicada por el medio español Diario Red y el portal hondurasgate.ch, se extienden por toda América Latina, donde Colombia ocupa un lugar destacado entre los objetivos.
El origen: un narcoexpresidente liberado
Todo comienza con una decisión que desconcertó al hemisferio. En diciembre de 2025, el presidente Donald Trump indultó a Juan Orlando Hernández, exmandatario hondureño que cumplía 45 años de condena en una prisión federal de Nueva York por narcotráfico y por haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa. Los fiscales estadounidenses habían caracterizado a Honduras bajo su gobierno como un “narcoestado”. Trump firmó su libertad semanas antes de las elecciones presidenciales hondureñas.
Lo que parecía un gesto de “clemencia” adquirió otro significado con la divulgación, en abril de 2026, de 37 grabaciones de audio fechadas entre enero y ese mes, extraídas de conversaciones en WhatsApp, Signal y Telegram. Los audios, verificados mediante el software forense Phonexia Voice Inspector —una herramienta usada por agencias de inteligencia en más de 60 países— atribuyen la voz principal a Hernández, quien conversa con el actual presidente de Honduras, Nasry Asfura, con la vicepresidenta María Antonieta Mejía y con otros actores políticos.
En las grabaciones, la voz identificada como Hernández no deja lugar a ambigüedades. Afirma que su liberación fue negociada con Netanyahu —“el primer ministro de Israel tuvo todo que ver con mi salida”— y reivindica un acuerdo directo con la Casa Blanca: “Gracias a mí usted está sentado en esa silla. Presidente, voy a ser yo. Y espero su apoyo. Porque eso fue lo que hablamos con el presidente Trump”.
Una maquinaria de desinformación con nombre y apellido
Los audios no solo documentan el pasado. Describen una arquitectura operativa para el futuro. El plan, según las grabaciones, consiste en montar una “célula informativa” desde Estados Unidos —“para que no nos rastreen allá en Honduras”— que funcionaría como una plataforma de noticias latinoamericanas destinada a difundir contenido falso contra gobiernos progresistas de la región.
El financiamiento es concreto. La investigación señala que Hernández habría solicitado 150 mil dólares al presidente Asfura con cargo al erario hondureño, y que el presidente argentino Javier Milei aportaría 350 mil dólares adicionales. “Estuve en una llamada con el presidente Milei y fue exitosa. Muy, muy buena”, se escucha en uno de los audios.
La coordinadora de la investigación, la periodista Valeria Duarte, sintetizó la operación como una red de corrupción con Trump y Netanyahu como protagonistas y Hernández como operador regional, cuyo objetivo es “extirpar el cáncer de la izquierda en Honduras y todo Latinoamérica”.
Colombia en la mira: elecciones, soberanía y desinformación
Para Colombia, el caso no es un asunto de política exterior abstracta. Es una amenaza con fecha en el calendario. En las grabaciones, Hernández anuncia que “se vienen unos expedientes contra México, unos expedientes contra Colombia”, en un contexto en que el país se prepara para unas elecciones presidenciales que definirán si el proyecto político encabezado por Gustavo Petro tiene continuidad o no.
El presidente Petro reaccionó en redes con una pregunta que condensa la gravedad del asunto: “¿Qué razón tiene el señor Netanyahu para pagar por liberar a un gran narcotraficante, expresidente de Honduras, solo con el fin de destruir el gobierno de Colombia y México?”.
La pregunta tiene un contexto preciso. Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2024 tras las denuncias de Petro sobre la situación en Gaza, lo que convirtió al mandatario colombiano en uno de los críticos más incómodos para Netanyahu en la región.
Washington, por su lado, descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas e incluyó a Petro en la llamada “lista Clinton”, reservada para colaboradores del narcotráfico (sin presentar pruebas), meses antes de que Trump indultara a Hernández.
La convergencia de estos hechos no pasa inadvertida. Para los analistas. Colombia no es un objetivo aleatorio, es un país con elecciones próximas y un gobierno que ha incomodado el eje Washington–Tel Aviv, y con una derecha que busca recuperar el poder. El Hondurasgate, en ese marco, no sería simplemente un escándalo hondureño sino una operación con implicaciones directas para la democracia colombiana.
La vieja práctica, con herramientas nuevas
Lo que distingue este caso de las injerencias del pasado no es la intención, ya que la historia latinoamericana está llena de intervenciones externas en procesos políticos internos. La diferencia en esta oportunidad son las herramientas.
La operación descrita en los audios combina financiamiento opaco, plataformas digitales de desinformación, presión diplomática y, según algunas grabaciones, la disposición al uso de la violencia. Analistas que participaron en la curaduría de la investigación han comparado la envergadura de la trama con una versión actualizada del Plan Cóndor.
Colombia llega a sus elecciones de 2026 en un entorno informativo ya de por sí fragmentado. La posibilidad de que circulen “expedientes” fabricados desde una célula mediática financiada en el exterior, justo en el momento de mayor tensión electoral, debería ser una alarma para las autoridades electorales, medios y la ciudadanía.
La soberanía democrática no se defiende solo en las urnas, sino también en la capacidad de un país para reconocer, nombrar y resistir las operaciones que buscan distorsionar la voluntad popular.
El Hondurasgate no es solo el escándalo de un expresidente narco que quiere volver al poder. Es el retrato de una época en que la injerencia en las democracias latinoamericanas tiene patrocinadores identificables, presupuestos asignados y objetivos electorales concretos. Colombia es uno de ellos.
Con información del Semanario Voz