Por: Sara Zapata
Cada 9 de abril se conmemora el día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Se revive el dolor de millones de familias que han tenido que sobreponerse a las heridas y traumas de la guerra, recordando el origen de la llamada Violencia, periodo marcado por el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. Aún hoy muchas de estas personas siguen buscando la verdad.
Hablamos con Jaime Caycedo, presidente del Partido Comunista Colombiano, quien es uno de los investigadores de Banderas Rojas en Vuelo Libertario (2020), informe entregado por el PCC y la Juventud Comunista a la Comisión de la Verdad.
Jaime Caycedo Turriago, presidente del PCC. Foto Sara Zapata
El informe logró sistematizar 1.200 casos de víctimas directas del PCC y de la Juventud Comunista, de los cuales se documentaron 100 casos representativos con información del año de los hechos victimizantes, perfiles de las víctimas, descripción de los hechos de violación de los derechos humanos y de los posibles responsables.
Entre el gran universo de víctimas, las de crímenes de Estado, han tenido que confrontar a la estigmatización y a la persecución permanente de sus victimarios. Desde su origen en 1930, el PCC se ha enfrentado al macartismo y la estigmatización a nivel internacional, múltiples asesinatos, desapariciones, amenazas y ataques contra sus militantes.
Guerra sucia y exterminio
¿Qué momentos en la historia recuerda como periodos de recrudecimiento de la persecución contra el PCC?
Hay varios momentos del Partido en donde la violencia anticomunista afectó seriamente nuestra estructura. Una primera fase fue a finales de los años cuarenta y comienzo de los cincuenta, donde según los libros de nuestra historia, por lo menos ocho miembros del Comité Central fueron asesinados directamente o desaparecidos por los aparatos oficiales. Comenzó de una manera sistemática con la Asamblea Constituyente del año 1956 bajo la dictadura militar de Rojas Pinilla y la declaratoria del comunismo como proscrito ante la ley.
Posteriormente hay otra fase en el marco de los procesos de unidad, de convergencias y de proyectos amplios, como la Unión Nacional de Oposición, el Frente Democrático y la Unión Patriótica, resultado de una negociación de paz.
Esto lo vimos durante todo el periodo del estado de sitio, el estatuto de seguridad de Turbay, pero también después de la Constitución de 1991, porque allí no paró la guerra sucia ni el exterminio. Estamos hablando de casi tres décadas como épocas crueles. Dentro de la política del Estado fue una línea en el modo de gobernar la persecución a los comunistas.
Crímenes de Estado
En 2023, la Corte IDH declaró responsable al Estado por el exterminio de la Unión Patriótica, incluidas allí las víctimas del PCC y la JUCO. ¿El Partido se reconoce como víctima del Estado?
Así es. Además, somos víctimas de crímenes de Estado fundamentalmente por situaciones de hecho, contempladas en el punto quinto del Acuerdo de Paz. El reconocimiento fáctico fue la recuperación de la personería jurídica en 2017 por el Consejo de Estado.
¿Qué han exigido colectivamente como reparación?
El PCC jugó un papel muy importante en la construcción de muchas regiones del país a partir de su influencia en el movimiento campesino. Por lo tanto, estas persecuciones hacia los comunistas en distintas regiones obedecieron a patrones muy enfocados, a la eliminación raizal y familiar. Son procesos complejos.
El caso del PCC es sui generis en el sentido de que la reparación de un partido político tiene un sentido muy distinto a la reparación de una organización sindical, de una organización de luchadores por la vivienda o de organizaciones de masas de distinta naturaleza. Se trata de tocar el corazón mismo de la política y de la vinculación del terrorismo de Estado para tratar de sacar del juego político a una organización revolucionaria.
Nosotros planteamos la necesidad de recuperar por lo menos los elementos básicos para la publicación de nuestro semanario. Hemos tenido que recuperar las sedes del partido, por ejemplo, la de Medellín, que fue volada por el señor Pablo Escobar, narcotraficante y renombrado anticomunista.
Un nuevo país
¿Cómo han caracterizado ustedes la verdad?
El informe Banderas Rojas se hizo en medio de toda una lógica de negacionismo histórico que han adelantado los sectores de la extrema derecha, particularmente el uribismo, bajo la teoría de que aquí no hubo conflicto armado o persecución política, que aquí lo que ha habido es una amenaza terrorista que ha tenido que ser controlada por el Estado.
Y esto es un tema sumamente importante porque toca todas las fibras de lo que es superar el pasado y la misma guerra. La lucha por la verdad ha sido una de las banderas fundamentales en este periodo de lucha por un cambio democrático en el país y está íntimamente vinculada a la acción frente a la impunidad.
¿Qué significa para las víctimas de crímenes de Estado, tener un candidato como Iván Cepeda, hijo de un militante asesinado del PCC y que tiene como eslogan “el poder de la verdad”?
Lo que representa la candidatura de Iván es este legado de una lucha de muy largo plazo, no solamente de ahora, sino de lo que han representado las corrientes de la izquierda, entre ellas el PCC.
Yo creo que Iván Cepeda y Aída Quilqué son una fórmula que muestra la imagen de un nuevo país, de una nueva Colombia. Yo creo que esa nueva Colombia no es solamente el cambio democrático, no es solamente la búsqueda y la consolidación de una verdad que tiene que predominar por encima de los odios y de las tergiversaciones, es también el descubrimiento de la verdad histórica, de la realidad del país que somos.
Con información del Semanario Voz