Caricatura de Espartaco para la edición 64 de Voz de la Democracia. Foto archivo
Para no olvidar. Artículo 1º: Queda prohibida la actividad política del comunismo internacional. La ley reglamentará la manera de hacer efectiva esta prohibición
Por Alfredo Valdivieso
El 14 de septiembre de 1954 la Asamblea Nacional Constituyente -ANAC-, órgano de bolsillo de la dictadura civil de Laureano Gómez, continuada por la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, promulgó el Acto Legislativo 06, con el cual se «ilegalizó» el comunismo y la existencia del Partido Comunista Colombiano, su doctrina e ideología.
Año y medio después, 1 de marzo de 1956, el mismo gobierno expidió el decreto 0434 que desarrollaba el Acto Legislativo, que estableció draconianas medidas como “presidio de uno a cinco años o en relegación en Colonia Agrícola Penal por igual término” a quien tome parte en “actividades políticas de índole comunista”.
El delito de opinión y pensamiento
Estableció la “interdicción de derechos y funciones públicas por el término de diez años, la incapacidad para actuar como dirigente sindical por el mismo tiempo y el impedimento absoluto para pertenecer a las Fuerzas Armadas”. Si además era miembro de ellas, la pena aumentaba al doble con degradación pública. Y para estos casos no habría rebaja de penas consagrada legalmente.
Se enfilaba a identificar qué eran actividades comunistas y la simple sospecha de participar de cualquier actividad considerada comunista, establecía el delito de opinión y pensamiento. Pero recordemos que esto no fue cosecha propia colombiana.
Finalizada la Segunda Guerra Mundial con el ascenso de Estados Unidos como primera potencia militar tras el lanzamiento de sendas bombas atómicas contra las poblaciones civiles de Hiroshima y Nagasaki en Japón y su emergencia como primera potencia económica sustentada en los empréstitos del Plan Marshall para «reconstruir» a Europa, el fundamental aliado de la víspera para derrotar al nazi-fascismo, la URSS y el comunismo, se convirtió en el enemigo principal de su estrategia.
Una orientación nazi-capitalista
En ese clímax y con la derrota de la Alemania nazi, se levantó la tesis de la «cortina de hierro» en el este europeo, que separaba a los países occidentales y «libres». La tesis del exprimer ministro británico, Winston Churchill, formulada en la famosa conferencia de Fulton, Missouri, EE. UU. en marzo de 1946 lanzó la andanada que inició la «Guerra Fría».
Fulton tenía antecedente con la creación de la Junta Interamericana de Defensa, bajo la égida de EE.UU. en marzo de 1942, y con el encuentro de Ciudad de México, «Conferencia de Chapultepec», marzo de 1945, que lanzó el programa de «contención» anticomunista en ciernes, ante la irrefrenable victoria que los norteamericanos veían con las tropas soviéticas. La conferencia sentó las bases para el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca – TIAR, septiembre de 1947 y la OEA abril de 1948.
Colombia, un buen alumno
Aunque ya en Colombia se había desatado una avalancha anticomunista con la agresión a las organizaciones de los trabajadores recién finalizada la guerra en Europa, con la división del movimiento sindical desde el gobierno del encargado Alberto Lleras Camargo, y con la aplastante maquinaria militar y represiva contra los trabajadores navieros y portuarios, liquidando a la fuerza la huelga de Fedenal, diciembre de 1945 enero de 1946, con el argumento de “no permitirse dos gobiernos: uno en Bogotá y otro en el Río Magdalena”.
Con todos esos antecedentes, en marzo de 1952 se realizó en Caracas la X Conferencia Panamericana, en la que los EE.UU. impusieron una praxis para el continente americano, recomendando la ilegalización de los partidos comunistas, con el argumento de ser instrumentos de la expansión soviética.
El primer gobierno, desde luego, en poner en práctica su recomendación fue el de los EE.UU., mediante la Ley de Control a las Actividades Comunistas, de agosto de 1952, dentro de la ambientación generada por el senador Joseph Mc Carthy, quien en febrero de 1950 acusó a supuestos comunistas infiltrados en el Departamento de Estado y dio inicio al «macartismo» o cacería de brujas, y quien en 1953 creó el llamado Comité de Actividades Antiestadounidenses con cuyas acusaciones fueron llevados a la pena de muerte personalidades como los esposos Ethel y Julius Rosenberg, amén de muchas otras. Baste decir que dentro de los sospechosos de comunistas e infiltrados soviéticos se halló, incluso, el canadiense-estadounidense-colombiano Lauchlin Currie.
El PCC defendió su derecho a existir
Pero en Colombia el anticomunismo reinante, que había comenzado con la ilegalización de hecho del PCC en 1949, sintió el llamado totémico de su mentor y llevó más lejos la orden de ilegalizar al Partido, al declararlo ya no solo ilegal sino inconstitucional.
Por eso el PCC desde la clandestinidad y la resistencia agraria contribuyó notablemente a erosionar el régimen de Rojas, con amplias protestas que ayudaron al derrocamiento. Y con la caída de Rojas, fue impulsor decidido del plebiscito votado el 1 de diciembre de 1957 que derogaba todas las reformas constitucionales acaecidas desde 1950.
Este 14 de septiembre, entonces, recordamos una página oprobiosa de nuestra historia reciente con los 70 años de la inconstitucionalización del comunismo, que se enmarcó en el proyecto anticomunista desatado desde el Estado ya a comienzos del siglo XX, es decir desde antes de existir cualquier tipo de organización socialista o comunista.
Con información del Semanario Voz