Movilización del Magisterio en Bogotá
La administración de Carlos Fernando Galán ha tendido a ignorar de manera sistemática las necesidades del magisterio y a desconocer sus derechos, como si el fortalecimiento de la educación en Bogotá pudiese darse al margen de la dignificación de la labor docente. Esta desconexión implica desconocer que las maestras y maestros son uno de los pilares fundamental del sistema educativo y que cualquier apuesta por mejorar la calidad educativa pasa necesariamente por garantizar condiciones materiales, laborales y de seguridad adecuadas para su ejercicio.
Por: Concejala Heidy Sánchez Barreto
En este contexto, las y los docentes en la ciudad se han visto enfrentados a un escenario cada vez más complejo, en el que no solo se vulneran sus derechos por acción u omisión institucional, sino que además se configuran dinámicas que profundizan su precarización. Lejos de avanzar en una política integral de fortalecimiento del magisterio, se evidencian tendencias que afectan directamente su ejercicio profesional y su estabilidad.
Este panorama puede sintetizarse en tres dimensiones críticas: el deterioro de las condiciones de seguridad de las y los docentes, en medio de un aumento sostenido de situaciones de riesgo; la intención de desmejorar sus condiciones laborales, a través de modificaciones en los esquemas de incentivos y reconocimiento; y la existencia de prácticas de persecución que generan un clima de tensión e incertidumbre en el ejercicio docente. Estas tres dimensiones configuran un escenario que pone en cuestión el compromiso de la administración con la garantía del derecho a la educación en condiciones dignas.
Condiciones se seguridad de las y los maestros
Las maestras y maestros son una pieza clave en la materialización del derecho a la educación y en la garantía de procesos formativos integrales en los territorios. Su labor, profundamente ligada a las realidades sociales de las comunidades, los ubica en escenarios donde convergen múltiples conflictividades, lo que incrementa su exposición a situaciones de riesgo.
En los últimos años, este fenómeno ha presentado un agravamiento sostenido. Durante 2024 se registraron 166 alertas de docentes en riesgo, cifra que ascendió a 257 en 2025, constituyéndose en el nivel más alto de los últimos cinco años. Este incremento se tradujo en un aumento significativo de medidas administrativas de protección: en 2024 se realizaron 121 traslados por razones de seguridad, mientras que en 2025 se efectuaron 204, la cifra más alta reportada desde 2020. Estos datos no solo evidencian una mayor exposición a violencias, sino también una creciente presión sobre los mecanismos institucionales de respuesta.
De acuerdo con la Secretaría de Educación, las principales causas de estas situaciones de riesgo están asociadas a amenazas directas por parte de estudiantes y familiares, frecuentemente relacionadas con procesos académicos o disciplinarios, así como a contextos de consumo y comercialización de sustancias psicoactivas en entornos escolares, situaciones de violencia intrafamiliar y, en menor medida, agresiones físicas. Esto da cuenta de que el riesgo docente está profundamente vinculado a problemáticas sociales estructurales que atraviesan la escuela.
Asimismo, las cifras muestran una clara territorialización del riesgo. Las y los docentes que ejercen en localidades con mayores niveles de vulnerabilidad social enfrentan condiciones más adversas. Un caso crítico es el del Colegio San Cayetano, en la localidad de Usme, que concentró 36 alertas y derivó en 35 traslados durante 2025, evidenciando cómo ciertas instituciones educativas se convierten en focos de alta exposición para el magisterio.
En términos institucionales, la respuesta del Distrito se estructura a partir de una ruta principalmente administrativa. Cuando un docente reporta una situación de riesgo, la Secretaría de Educación activa un procedimiento que incluye la orientación para interponer denuncias ante la Fiscalía, la inscripción en el programa de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la eventual reubicación temporal del educador en otra institución . Esta reubicación, que suele ser la medida central de protección, se realiza inicialmente por un periodo de tres meses, prorrogable mientras se emite una valoración de riesgo por parte de la UNP.
No obstante, esta respuesta presenta limitaciones estructurales. Por un lado, la Secretaría reconoce que las medidas efectivas de seguridad dependen de entidades externas como la UNP, la Fiscalía y la Policía Nacional. Por otro, el enfoque predominante se basa en el traslado del docente, lo que, si bien mitiga el riesgo individual, no interviene las causas que lo originan en los territorios ni garantiza la transformación de las condiciones que generan violencia en las comunidades educativas.
Adicionalmente, aunque existe un comité de seguimiento a los casos de docentes amenazados y se reporta atención a la totalidad de las alertas, se evidencian tensiones en la eficacia del sistema ya que un número importante de docentes desiste de los procesos, ya sea por las barreras administrativas o por la decisión de no abandonar su lugar de trabajo, lo que sugiere la necesidad de revisar la accesibilidad y pertinencia de las rutas de atención .
En conjunto, este panorama pone de presente que el riesgo docente en Bogotá no solo ha aumentado en términos cuantitativos, sino que también evidencia las limitaciones de un modelo de atención centrado en respuestas individuales y administrativas. Garantizar condiciones seguras para el ejercicio docente exige, por tanto, una intervención más integral que articule medidas de protección efectiva con estrategias territoriales de prevención y transformación de las condiciones sociales que producen la violencia en la escuela.
Intensión de desmejoramiento de las condiciones laborales de los docentes
Ahora bien, sumado a las condiciones de riesgo que enfrentan las y los docentes en el ejercicio de su labor, se identifican acciones que, de manera soterrada, apuntan al desmejoramiento de sus condiciones laborales por parte de la administración distrital. Estas no se presentan de forma directa como una política de regresividad, sino que operan a través de mecanismos indirectos que, en la práctica, afectan los incentivos, el reconocimiento y la estabilidad del magisterio.
En primer lugar, resulta preocupante que, a través de terceros en el Concejo de Bogotá, se haya promovido la derogatoria del Acuerdo 273 de 2007, norma que establece un conjunto de incentivos para las y los docentes del Distrito. Estos incentivos fueron concebidos como herramientas para dignificar la labor docente y promover la calidad educativa en los colegios oficiales, reconociendo el papel estratégico del magisterio en el desarrollo social de la ciudad. Intentar desmontar este marco normativo no solo implica un retroceso en materia de derechos laborales, sino que envía un mensaje político de desvalorización del trabajo docente, en un contexto donde ya enfrentan múltiples formas de precarización y riesgo.
En segundo lugar, la implementación de criterios como los resultados en las pruebas Saber 11 para la asignación de incentivos, particularmente en el caso de la ruralidad, introduce un enfoque problemático que desconoce las profundas desigualdades estructurales del sistema educativo. Condicionar el acceso a estos incentivos al desempeño en pruebas estandarizadas traslada la responsabilidad de los resultados exclusivamente a las y los docentes, ignorando factores determinantes como las condiciones socioeconómicas del estudiantado, las brechas territoriales y las limitaciones materiales de las instituciones educativas.
Diversos análisis han evidenciado esta problemática. El propio ICFES, en la “Nota de política educativa: Relación entre la frecuencia del consumo de alimentos y desempeño en Saber 11”[1], señala que factores como la inseguridad alimentaria inciden directamente en los resultados académicos, afectando la capacidad de apropiación de conocimientos y habilidades. En este sentido, utilizar estas pruebas como criterio para la asignación de incentivos no solo resulta técnicamente cuestionable, sino también profundamente injusto, en tanto penaliza a quienes ejercen su labor en contextos de mayor vulnerabilidad.
En conjunto, estas medidas configuran un escenario en el que, lejos de fortalecerse, las condiciones laborales del magisterio tienden a deteriorarse. La combinación entre el debilitamiento de incentivos históricos y la introducción de criterios de evaluación descontextualizados evidencia una orientación de política que desconoce la complejidad del proceso educativo y las condiciones reales en las que trabajan las y los docentes, particularmente en los territorios más excluidos.
Persecución a docentes y vulneración del derecho a la protesta
Ahora bien, a lo anterior se suman las acciones restrictivas y antidemocráticas de la administración que, a través del discurso de la “normalidad académica” y de una interpretación instrumental de la prevalencia del derecho a la educación, ha configurado un escenario de persecución administrativa, desincentivo a la organización sindical y debilitamiento sistemático de las garantías laborales de las y los docentes de Bogotá.
Durante 2025 observamos cómo, en distintas ocasiones, la administración distrital, a través de diversos canales institucionales, advirtió a los docentes sobre posibles consecuencias salariales en caso de participar en manifestaciones durante la jornada laboral. Aunque la Secretaría sostiene formalmente que no ha restringido el derecho a la protesta, en la práctica sí ha desplegado un conjunto sistemático de memorandos, circulares y comunicaciones oficiales que condicionan, deslegitiman y castigan el ejercicio de la movilización sindical, especialmente cuando esta se realiza en horario laboral. Estas actuaciones configuran una política sostenida de control y disciplinamiento del magisterio, que termina afectando de manera directa el ejercicio efectivo de sus derechos colectivos y sindicales.
La insistencia reiterada en la “normalidad académica”, acompañada de advertencias sobre reportes de ausentismo, descuentos salariales automáticos y la negación de reposiciones previamente concertadas, envía un mensaje inequívoco de intimidación: movilizarse tiene consecuencias económicas directas. Esto se materializó de manera concreta en 2025, cuando 732 docentes fueron objeto de descuentos salariales, por un valor acumulado superior a 401 millones de pesos, exclusivamente por participar en jornadas de protesta y actividades sindicales. Lo que ha afectado de manera masiva el ingreso y la estabilidad económica del magisterio.
La administración insiste en que los descuentos salariales no tienen carácter sancionatorio ni disciplinario. Sin embargo, en términos materiales y reales sí operan como una sanción, pues castigan el ejercicio de derechos fundamentales como la protesta y la libertad sindical mediante la afectación directa del salario. Sostener que no existe persecución cuando se descuentan recursos y se amenaza con reportes de ausentismo constituye una visión formalista que desconoce los efectos reales de las decisiones administrativas. Además, preocupa profundamente la narrativa que contrapone de manera permanente el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes con los derechos laborales de los docentes, como si se tratara de derechos incompatibles.
Además, preocupa profundamente la narrativa que contrapone de manera permanente el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes con los derechos laborales de los docentes, como si se tratara de derechos incompatibles. Esta lectura desconoce que la garantía del derecho a la educación pasa necesariamente por la dignidad laboral del magisterio, por condiciones de trabajo justas y por el respeto a su organización colectiva. No puede hablarse de defensa de la educación pública mientras se debilita sistemáticamente a quienes la sostienen cotidianamente.
Es valido preguntarse entonces, si la administración distrital está cumpliendo su obligación de armonizar derechos, o si, por el contrario, ha optado por una salida administrativa que criminaliza la movilización, desalienta la protesta y normaliza el castigo económico como mecanismo de control laboral. La reiteración de memorandos, la aplicación masiva de descuentos configura un escenario que sí permite hablar de persecución y de nulas garantías reales para el ejercicio de los derechos del magisterio en Bogotá.
Reflexión final
Lo expuesto anteriormente no deja lugar a ambigüedades, es evidente que la administración de Carlos Fernando Galán no solo ha sido incapaz de garantizar condiciones dignas para el ejercicio docente, sino que ha contribuido activamente a su deterioro. La combinación entre inseguridad creciente, búsqueda de regresividad laboral y prácticas de control sobre la protesta configura una orientación política que desvaloriza la labor docente.
Frente a este panorama, resulta urgente un viraje de fondo en la política educativa distrital. En materia de seguridad, la respuesta no puede seguir reducida al traslado del docente. Se requiere una estrategia integral que intervenga las causas territoriales de la violencia, fortalezca la presencia institucional en las comunidades educativas y garantice medidas efectivas de protección sin desarraigar a las y los maestros de sus entornos.
En el plano laboral, la administración debe retirar cualquier intento de desmontar los incentivos existentes y, por el contrario, avanzar en su fortalecimiento. Esto implica reconocer las condiciones diferenciales del sistema educativo, eliminar criterios de evaluación descontextualizados como la dependencia exclusiva de pruebas estandarizadas y construir mecanismos de reconocimiento que valoren el trabajo pedagógico en contextos de alta vulnerabilidad.
Asimismo, es indispensable cesar las prácticas de persecución administrativa contra el magisterio. La garantía del derecho a la educación no puede seguir utilizándose como excusa para restringir derechos laborales y sindicales. La administración debe suspender los descuentos y medidas de castigo asociadas a la movilización, y establecer canales reales de diálogo con las organizaciones docentes, reconociendo la protesta como un ejercicio legítimo en democracia.
En síntesis, Galán tiene hoy la responsabilidad política de decidir si continuará gobernando de espaldas al profesorado o si asumirá, con seriedad, la tarea de dignificar la educación pública. Persistir en este rumbo no solo profundiza la crisis docente, sino que compromete de manera directa el presente y el futuro del sistema educativo en Bogotá.
[1] Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), Nota de política educativa: Relación entre la frecuencia del consumo de alimentos y desempeño en Saber 11, mayo de 2024. https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2025/06/17_05_24_NOTA_POLITICA_ALIMENTOS-1.pdf
Con información del Semanario Voz