Claudia Flórez Sepúlveda
@ClaudiaFlorezPC
A lo largo del siglo XX, las mujeres colombianas hemos disputado el derecho a ser reconocidas como sujetas políticas. Desde las voces pioneras de Ofelia Uribe de Acosta y Georgina Fletcher en los años treinta, hasta la conquista del sufragio en 1954 y su ratificación en 1957, el voto fue fruto de organización y rebeldía frente a un régimen que nos negaba ciudadanía. No fue una dádiva, sino una victoria arrancada al poder patriarcal.
Hoy votamos y participamos, pero la igualdad política sigue incompleta. En 2022, el 78,8 % de las candidatas sufrió violencia durante la campaña: agresiones psicológicas, ataques digitales y violencia sexual. Ese mismo año fueron elegidas 86 mujeres al Congreso —32 en el Senado (29,6 %) y 54 en la Cámara (28,9 %)— de un total de 295 curules. Ni siquiera alcanzamos el 30 % que la ley establece como umbral mínimo.
La exclusión ya no opera mediante prohibiciones abiertas; actúa a través de barreras estructurales que castigan el liderazgo femenino y reproducen el poder de siempre. La ciudadanía plena de las mujeres continúa en disputa.
En este escenario, la apuesta por listas cerradas y paritarias no es un trámite técnico o una moda discursiva. Es una definición democrática y de clase. La paridad no es un favor ni una concesión simbólica, es una herramienta para corregir una desigualdad histórica que debilita la democracia. Garantizar curules para las mujeres no significa privilegio alguno, es hacer efectivo el principio de igualdad sustantiva y asegurar que el Congreso refleje al pueblo en toda su composición.
Las listas cerradas fortalecen esta orientación. Al reducir la competencia individual basada en recursos económicos y maquinarias clientelistas, desplazan el protagonismo personal hacia el proyecto colectivo. Así se enfrentan las asimetrías que han limitado la participación femenina y se construyen condiciones más justas para disputar el poder. La equidad deja de ser consigna y se convierte en principio organizador de la vida política.
Esta lucha tiene raíces profundas en la historia del movimiento popular. Las luchas obreras lideradas por Betsabé Espinal en 1920 y la acción revolucionaria de María Cano, entendieron que la emancipación económica y la participación política son inseparables. Las mujeres comunistas y sindicalistas enfrentaron la explotación capitalista y la marginación patriarcal con la misma convicción. Sin organización no hay derechos.
El 8 de marzo no es una fecha ceremonial, es una jornada de combate y memoria. Votar fue el primer paso. El desafío actual es transformar ese derecho en poder real para las mujeres trabajadoras y para el pueblo. La paridad debe traducirse en representación efectiva y en una política libre de violencia.
Desde el Partido Comunista, convocamos a convertir la memoria en fuerza electoral. Respaldar las listas cerradas y paritarias del Pacto Histórico es apostar por un proyecto político donde mujeres y hombres comparten el ejercicio del poder público en igualdad. ¡Que cada voto sea un acto consciente de transformación! Este 8M vamos a seguir avanzando, decididas a conquistar lo que aún nos pertenece: el poder para cambiar la historia.
Con información del Semanario Voz