Desde el Pacto Histórico se está preparando un borrador que plantea modificaciones a la ley de medios (1978 de 2019) por la cual “se moderniza el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, se distribuyen competencias, se crea un Regulador Único y se dictan otras disposiciones” con el fin de democratizar los “gastos de divulgación y de publicidad de la gestión pública”.
La iniciativa forma parte de las propuestas que ante el Congreso de la República, presentadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Pero si bien es apenas un borrador, ya hay seis artículos que formarían parte del proyecto de ley que, de momento, no tiene ponentes definidos. Estos hacen mención a una regulación hacia los medios de comunicación en el país, especialmente aquellos considerados como ‘alternativos’ y comunitarios, con lo cual se busca fortalecer y garantizar su viabilidad.
El artículo 30 de esta propuesta determina que, en caso de aprobarse y entrar en vigencia, “toda entidad territorial procederá al diseño y ejecución de un proyecto de democratización de los gastos de divulgación y de publicidad de la gestión pública, aplicando el 33.3 % de los planes de medios y publicidad a favor de los medios comunitarios y alternativos” abarcando medios TIC, radio, prensa y televisión.
Sobre este proyecto, el senador Robert Daza del Polo Democrático Alternativo explicó que, lejos de generar polémica, el objetivo de fondo es que haya una repartición justa de los recursos en beneficio de los medios comunitarios, territoriales y alternativos. “No estamos tratando de controlar el ejercicio de la comunicación”, aseguró.
Asimismo, detalló que con esta iniciativa se busca que haya mayor acceso de estos medios locales a financiación por parte del Estado y a regulaciones “porque cuando empiezan a trabajar hay unas regulaciones en las veredas que no les permite”.
Sin embargo, el punto dos del artículo 35 de la Ley 1978 de 2019 —Funciones del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones— establece que se deben financiar planes, proyectos y programas “para promover prioritariamente el acceso universal a servicios TIC comunitarios en zonas rurales y urbanas, que priorice la población pobre y vulnerable”.
Fuente: La Regional