El proyecto político progresista ha ubicado al sector agropecuario como uno de los más dinámicos en la economía. Foto Prensa Rural
En perspectiva del debate que plantea la segunda vuelta presidencial, estas son las líneas gruesas del proyecto socioeconómico del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida
Por: Iván Posada Pedraza
La propuesta económica de Iván Cepeda Castro está sustentada en el principio del poder de la verdad, condensada en siete estrategias. La primera: eliminar la pobreza y la desigualdad, condiciones para lograr el desarrollo bajo la premisa de que, si se reducen o eliminan, toda la sociedad gana, incluso el sector privado.
Los mayores ingresos y salarios son una forma de redistribución de la riqueza. El gobierno de Petro ya puso en práctica esta estrategia al aumentar el salario mínimo por encima de la inflación, lo que aumenta la capacidad adquisitiva de los salarios.
El papel del Estado
A diferencia del modelo neoliberal, que busca minimizar el rol del Estado en la economía y que lo ha reducido al de regulador y observador pasivo, en el modelo propuesto por Cepeda el Estado debe desempeñar un papel estratégico, con poder de decisión en el diseño de la política económica; por ejemplo, replantear la autonomía del Banco de la República –que no puede ser absoluta– con relación a las metas de inflación y otras funciones de esta entidad.
Sobre el asistencialismo, la estrategia es reducirlo en forma gradual en la medida que la población beneficiaria de estos apoyos económicos se incorpore a proyectos productivos que les generen ingresos constantes y sostenibles, y no depender de estos subsidios en forma indefinida. Se crearán microempresas familiares con acceso a créditos blandos para la adquisición de materia prima, insumos, etc.
Las transferencias para adulto mayor se mantienen e incluso se amplían a tres millones de ellos, con un aumento gradual del subsidio que cubra la canasta mínima vital. Se creará un apoyo económico para la población con discapacidad, lo mismo que para los líderes y lideresas sociales.
Parte de las fuentes para financiar estos programas provendrán de los ingresos de Ecopetrol generados a raíz de los mayores precios internacionales del crudo, de tal manera que no impacte en el presupuesto nacional.
Política macro
Para el próximo periodo presidencial, las variables de desempleo, inflación y salarios, conexos con el déficit fiscal, las tasas de interés del Banco de la República y la deuda pública externa, son los temas gruesos de política económica que se deben afrontar.
El rumbo macroeconómico del país lo determinan, en esencia, estas tres primeras variables, que a su vez inciden en el menor o mayor crecimiento económico. El promedio del PIB en el cuatrienio 2022-2026 fue de 2,8%. En la década anterior fue mucho mayor con un 3,8%.
La estrategia es avanzar en una economía productiva, diversificada e incluyente. Es decir, al mismo tiempo que se incentiva el consumo a través de mayores salarios, se debe reforzar el proceso de reindustrialización que cree empleo calificado y bien remunerado; convertir el sector agropecuario en la locomotora de la economía, y diversificar la canasta exportadora. En esta primera administración del Pacto Histórico que culmina, ya se dieron los primeros pasos en esta dirección.
Al contrario de lo que pronosticaban los gremios económicos, el aumento del salario mínimo en este año no ha generado desempleo. En este momento el indicador reporta mínimos históricos (8,8 por ciento a abril de este año). Según la directora del DANE, Piedad Urdinola, la inflación se incrementó en los meses de marzo y abril de 2026, pero se encuentra en niveles manejables.
Otra cosa es que el Banco de la República, en su política ortodoxa e inflexible con relación a la meta de inflación del 3%, haya decidido aumentar la tasa de intermediación bancaría en dos meses consecutivos, hasta llevarla a 11,25%, lo que ha provocado el freno de la actividad económica reflejado en la baja inversión por parte de las empresas, la abstención al consumo de la población, la reducción de compra de vivienda, etc.
El déficit fiscal y deuda externa
Otra variable de difícil manejo para el próximo cuatrienio es la brecha entre ingresos y egresos del país. Según el Ministerio de Haciend, serían unos 117 billones de pesos, es decir, el 6,4% del PIB. Esta diferencia se explica, en parte, por el bajo recaudo de 295 billones de pesos, casi un 10% menor que el proyectado.
Además, no se ha logrado disminuir la evasión de impuestos a pesar de los recursos inyectados a la DIAN en estos cuatro años. Entre unos y otros cálculos, se estima que la nación deja de recibir entre 40 y 100 billones cada año, recursos más que suficientes para cubrir parte del funcionamiento del Estado sin acudir a reformas tributarias.
Las cifras más recientes del Ministerio de Hacienda indican que del Presupuesto General de la Nación se destinan unos 100 billones al servicio de la deuda (capital más intereses).
Con relación al PIB, el tamaño de la deuda ha disminuido del 63% al 57,9%, gracias a que se decidió acertadamente transferir esta obligación de dólares de Estados Unidos a francos suizos para, en primer lugar, no depender de la volatilidad del dólar y, segundo, porque va a haber un ahorro de intereses en el largo plazo. Luego, no es cierto, como se sostiene, que este gobierno entrega el país con una deuda pública desbordada.
Con base en estas estrategias es posible profundizar lo logrado, corregir errores y avanzar en la construcción segundo tiempo para el gobierno del cambio como modelo económico de largo plazo.
Con información del Semanario Voz