Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto Foro Económico Mundial / Manuel López
Por fin, un representante de una institución de gran estatus y autoridad decide salir en defensa efectiva del pueblo palestino, perseguido y asesinado masivamente por el Ejército Israelí. La Corte Penal Internacional, a través de su fiscal Karim Khan, solicitó la orden de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, ya que tiene “motivos razonables para creer” que ha habido crímenes de guerra y contra la humanidad imputables a estos funcionarios israelíes.
Editorial 3223
Todas las instituciones humanitarias y la ciudadanía en general apoyan esta decisión que puede obligar a los mandatarios judíos a detener el genocidio sistemático, que desde el 9 de octubre del año pasado ha acabado con la vida de miles de niños, ancianos y mujeres inermes, en una de las más crueles matanzas nunca antes vista en lo transcurrido del presente siglo.
La solicitud, y la posible sanción, afectaría también al mandatario norteamericano, quien instiga esa acción depredadora y genocida judía, a la vez que les proporciona recursos económicos y las más efectivas armas para consumar esas matanzas y la destrucción de hospitales, instituciones escolares y las precarias viviendas donde viven mujeres, niñas y ancianos. Allí en el territorio palestino, los científicos adictos a la depredación y la muerte experimentan las nuevas armas que, después, los Ejércitos del imperio utilizarán para amedrentar e invadir a los países que se nieguen a poner los recursos naturales al servicio del yanqui imperial.
A la solicitud, debemos agregar, las acciones de Estado que, desde Colombia y Suráfrica, acompañados por otras naciones, se vienen dando en el marco del Derecho Internacional Humanitario. El presidente Gustavo Petro mantiene su ruptura de relaciones diplomáticas, igual que Suráfrica; ambos han solicitado investigación y juicio contra el genocida Netanyahu. Pero, además, el canciller Luis Gilberto Murillo, en el marco la Primera Cumbre Binacional de Líderes Afrodescendientes Colombia-Estados Unidos, propuso una reforma al sistema de votación de la ONU, que permita tomar decisiones más ágiles y detener el genocidio contra Palestina. El canciller afirmó que “los votos de cada país miembro de las Naciones Unidas deben tener el mismo valor y no sean los poderes económicos y militares los que manden sobre los demás”.
Sin duda, habrá debates, sobre si esta orden de captura contra el sionista es posible, sobre los alcances de la jurisdicción de la CPI sobre un Estado que se ha negado a firmar el tratado de Roma, sobre los votos en el alto tribunal internacional y la incidencia de Estados Unidos sobre este organismo. Pero lo que sí es claro es que la sola solicitud de un prestigioso fiscal internacional, que obliga al tribunal a reunirse y deliberar sobre esta, es ya un duro golpe político que impacta y alienta la solidaridad mundial con Palestina y expresa una tendencia cada vez más clara y fuerte de aislamiento del poder sionista e imperial de Estados y su más fiel aliado, Israel.
El Pacto Histórico, el movimiento cultural, las combativas organizaciones de mujeres, las y los jóvenes en la primera línea de la solidaridad con Palestina, la intelectualidad humanista y progresista y la prensa alternativa colombiana, debemos seguir actuando y exigiendo justicia, para que las sanciones exigidas por el fiscal Karim Khan se concreten y los genocidas sean juzgados, para que no se repita esta vergüenza que enluta la conciencia de mujeres y hombres de todo el mundo.
Con información del Semanario Voz