El 17 de septiembre de 2023, en la revista Semana el senador uribista José Vicente Carreño lanzó la siguiente advertencia, que pareció más una amenaza: “presidente Petro, no se arriesgue a un plan tortuga de las Fuerzas Militares y la Policía”.
Editorial VOZ 3211
La “operación tortuga” es la acción por medio de la cual sectores tradicionales del Congreso presionan al Ejecutivo, ralentizando la aprobación de las leyes y las reformas, para obtener beneficios para poderes económicos y para partidos políticos.
Hace pocos días, el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, expresó su preocupación por la pérdida de experiencia y destreza en las Fuerzas Armadas y exigió que se tomen “acciones inmediatas para restaurar la capacidad táctica y técnica”. Declaraciones que suenan más a excusas para no asumir la línea presidencial de control al narcotráfico, de persecución al paramilitarismo y de confrontación a los grupos armados, con el pretexto de que no hay inversión. Añoran los inmensos recursos que manejaban sin control y que alimentaban la corrupción en las FF.AA.
En el marco del golpe blando, este mecanismo viciado y nocivo dejó de ser un mecanismo del Congreso para hacer parte de la estrategia de desestabilización al Gobierno del cambio.
Ahora bien, hay señales y hechos que ratifican que la advertencia/amenaza del mencionado senador está en marcha, no en el Congreso, sino en las fuerzas armadas.
El proceso ha sido más claro desde que los ministros de Defensa y de Hacienda incluyeron en el borrador de presupuesto 2023 un recorte de 800 mil millones de pesos a las Fuerzas Militares y de Policía.
¿Qué elementos y hechos nos hacen pensar que está en marcha esta “operación tortuga”? Lo primero que hay que precisar es que no es una política orientada desde las altas instancias de las FF.AA. Son estructuras de militares activos en el nivel medio y militares en retiro quienes se han vuelto muy activos en el golpe blando contra el gobierno del Pacto Histórico.
Aunque el presidente Petro ha dicho que su relación con las Fuerzas Militares y de Policía “va bien”, es claro que no han parado los asesinatos de líderes y lideresas sociales y los asesinatos de firmantes de paz se mantienen en altos niveles, al punto de que se ha producido el retorno de un gran contingente de excombatientes a los grupos armados de todo tipo. La situación humanitaria y de violaciones a los derechos humanos en los territorios sigue siendo muy grave.
Sectores tradicionales y de extrema derecha en las FFAA no están contentos y actúan en contra de todo lo que no se adapte a sus intereses. Están dolidos y con rabia por los más de 60 generales de la fuerza pública retirados desde la llegada del presidente Gustavo Petro al Gobierno. Además, militares activos y en retiro han protagonizado movilizaciones públicas, algunas de ellas con una alta participación, que han retado a la institucionalidad con la mirada complaciente de altos mandos.
En este contexto, VOZ ha conocido versiones en regiones como Caquetá, Cauca, Nariño y Putumayo donde se habla en voz baja de alianzas de batallones, bases y mandos con grupos armados; se dice que no hay control, que los camiones de las disidencias, del Clan del Golfo y de bandas criminales pasan por el frente de las bases y no pasa nada.
En la disputa territorial la población civil queda en medio soportando la presión, las amenazas, el desplazamiento y los asesinatos de parte de disidencias, paramilitares y algunas estructuras del Ejército y la Policía, que asumen alianzas que terminan revictimizando a las comunidades y a sus organizaciones sociales.
Al parecer, la “operación tortuga” contra el Gobierno y la política de paz total se ha venido desarrollando muy sutilmente. Los elementos que ya se tienen y que son poco visibles, exigen de la inteligencia del Estado y del Gobierno una investigación profunda que dé explicaciones al país sobre esta, hasta ahora invisible, “Operación tortuga”. El llamado es a estar alerta.
Fotografía: Joel González- Presidencia de la República
Con información del Semanario Voz