El régimen político colombiano no se caracteriza por su talante democrático y abierto. La combinación de un fuerte bipartidismo y un complejo y longevo conflicto armado le ha resultado eficaz a las élites políticas y sociales, en función de mantener un férreo monopolio y el control sobre las instituciones del Estado. Se benefician ante un sistema de privilegios que se sostiene sobre la enorme explotación de las mayorías trabajadoras.
Claudia Flórez Sepúlveda
Cuando se ha logrado la unidad popular, ocurren sucesos tan importantes de la vida nacional, como las reformas liberales de Alfonso López Pumarejo, la lucha contra el Frente Nacional, el histórico Paro Cívico de 1977 y la apertura de las negociaciones de paz, entre otras. Y durante los peores momentos de nuestra historia reciente, la unidad fue central para resistir la arremetida de la reacción, como lo demuestran la Unión Nacional de Oposición y el Polo Democrático Alternativo.
En la actualidad, la unidad es el artífice de un momento inédito en la historia política. El primer gobierno de Colombia con un componente popular se está enfrentando con poderes fuertes como el narcotráfico, la corrupción y los monopolios financieros que han sometido a un amplio porcentaje de la población a unas condiciones indignas de vida.
Los principales desafíos del Gobierno buscan superar la implementación de las políticas neoliberales que han dejado al país endeudado, con un déficit fiscal que alcanza el nivel más alto en los últimos 115 años. Además, la debilidad en la autonomía como nación ante la presencia de siete bases militares norteamericanas, y la necesidad de cambios para atender las necesidades de la mayoría del pueblo colombiano.
Ante la búsqueda de soluciones reales dirigidas a sobrepasar la grave crisis, el Gobierno ha establecido un camino de reformas sociales ─salud, pensiones, laboral y educativa─ que se están discutiendo en el Congreso de la República.
La respuesta negativa de quienes han gobernado, de algunos sectores empresariales, partidos de la derecha y los medios de comunicación burgueses, deja en evidencia que solo buscan entorpecer cualquier posibilidad de cambio social, pues ven amenazados sus privilegios y beneficios económicos y políticos. Existe también un gran temor a que avancen las reformas porque ellas fortalecen al Gobierno y a la posibilidad de potenciar el proceso de cambio. Por eso, insisten en mostrar una supuesta incapacidad de gobernar.
Frente a la intención de acorralar la voluntad de cambio social que se expresó en las urnas, representado en su programa, y limitar los alcances del Gobierno, es preciso consolidar el proceso de unidad y de la iniciativa movilizadora, que defienda la transformación de las condiciones de vida para las mayorías trabajadoras.
Somos conscientes que las reformas se encuentran en una situación compleja ante un parlamento que no es capaz de cumplirle al pueblo. Pero el Gobierno cuenta con los instrumentos para avanzar en la recuperación de los derechos. Nuestra tarea es acompañar con creatividad el momento político que se viene. Y eso implica recuperar la calle.
Con información del Semanario Voz