Reparar a las Víctimas, es reparar a la Democracia Colombiana para que no se repita el genocidio y la persecución
El país recuerda que, en el marco del 9 de abril de 1948, fue asesinado el líder y aspirante a la presidencia de la Republica Jorge Eliecer Gaitán, lo que significó un momento de profunda disrupción política en el que se manifestaron factores que se venían potenciando desde antes; entre los cuales se generalizaban el viraje reaccionario en el poder estatal, el intervencionismo de los EEE.UU y la violencia política. La represión, la persecución a las y los opositores y el enfoque agresivo frente a la inconformidad, se ponían al orden del día para tratar los problemas sociales y las diferencias ideológicas, siendo abordados desde las practicas anticomunistas y la eliminación física, configurando la continuidad de un patrón intencional, que perduraría en el tiempo convirtiéndose en una política de Estado.
En este contexto la solución bipartidista fue el reparto del poder como un pacto de cúpulas de espaldas y en contra de las mayorías, dando alcance a crímenes sistemáticos de carácter político, aupados por el tratamiento de enemigo interno y la exclusión, marcando el recrudecimiento de la violencia en el país y generando el irreparable cariz de la afectación y deformación de la precaria democracia colombiana.
Pese a la conducta general de las castas políticas tradicionales de eliminar al comunismo y las ideas de izquierda en Colombia, el Partido Comunista Colombiano viene funcionando de manera ininterrumpida desde el año 1930, ha realizado 23 Congresos nacionales a lo largo de más 90 años de existencia, en aras de construir una verdadera democracia colombiana y ha liderado junto a sectores de la izquierda importantes luchas populares, agrarias, sindicales, urbanas, culturales, juveniles y de las mujeres, en defensa de las libertades y los derechos sociales. Ello le permitió constituirse en uno de los partidos con mayor trayectoria en la vida política del país, presentando en 1934 el primer candidato alternativo a la presidencia de la república en la persona del líder indígena Eutiquio Timoté.
Este anticomunismo sistemático y las graves violaciones a derechos humanos contra el Partido Comunista Colombiano han existido con anterioridad del año 1986. El Partido Comunista de Colombia, como era su nombre en aquella época, fue ilegalizado por la dictadura militar en septiembre de 1954, siendo el primer caso de una fuerza política puesta fuera de la ley por una asamblea constituyente espuria. Concluido el periodo paritario del Frente Nacional (1958 – 1974) los esfuerzos unitarios de reagrupamiento popular impulsados desde el PCC y la izquierda, como la Unión Nacional de Oposición UNO (1972 – 1978) y la Unión Patriótica UP (1985 – 2002) fueron sometidos a un genocidio político continuado y extendido, incluidas experiencias como las A LUCHAR y EL FRENTE UNIDO entre otros. Como corolario de simbolismo político el Consejo Nacional Electoral suprime la personería jurídica del Partido Comunista en 1998 y la de la Unión Patriótica en 2002.
En el año de 1994 Manuel Cepeda Vargas, Hernán Motta y Antonio Puentes son inscritos por el Partido Comunista en la lista a senado después de una ola de represión sin antecedentes contra los dirigentes del partido. Como es de conocimiento público el senador Manuel Cepeda, es asesinado el 9 de agosto de 1994 y Hernán Motta sale al exilio por amenazas a su vida y a su familia. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) condenó al Estado colombiano por los miles de asesinatos, encarcelamientos, torturas y desapariciones contra los miembros del partido, activistas de la UP, más otros líderes y lideresas de la izquierda y los movimientos sociales.
De conformidad con lo anterior, el Partido Comunista Colombiano obtiene el reconocimiento como víctima colectiva, como garantía para el derecho a la reparación colectiva. En ese sentido los principios internacionales de lucha contra la impunidad contemplan aspectos centrales para la reparación a las víctimas como prevenir, investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos y restituir derechos, los cuales se estructuran en el marco de tres categorías que son: 1. El derecho a saber. 2. El derecho a la justicia. 3. El derecho a obtener reparaciones. Así mismo, el Partido Comunista ha denunciado su caso dentro del Macro Caso 06 de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, en la lucha contra la impunidad y las garantías de no repetición.
Las prácticas genocidas contra ciudadanas y ciudadanos constituidos en partidos y frentes políticos con fines de destruirlos, no han provocado daño solamente a tales personas y colectivos sino que del ejercicio arbitrario del poder se ha configurado un prolongado proceso de destrucción de la democracia que debe ser identificado, reconocido y reparado, y sus principales responsables deben dar cuenta por ello ante la sociedad. La persecución anticomunista en todas sus formas históricas, como extensión y pretexto de exterminio a gaitanistas, liberales de izquierda, organizaciones populares, activistas sindicales, agrarios, de derechos humanos, defensores de la paz y ex guerrilleros, comunidades basadas en la fe de orientación de izquierda o de teología de la liberación, entre muchas más, que tenemos el deber de acompañar y apoyar desde el actual Gobierno del Cambio con iniciativas y propuestas para la No Repetición.
Los parámetros vigentes de la ley 1448 de 2011 y sus desarrollos ulteriores, son absolutamente insuficientes para reparar los daños a las personas, a los colectivos, a las organizaciones populares, a los territorios y a los partidos, que no solo precisan reconocimientos económicos sino garantías políticas y materiales para el ejercicio de su actividad legítima, su derecho al buen nombre y el acceso a medios de comunicación y divulgación de sus idearios, violentados y satanizados mediante normas y prácticas fundadas en la distorsión del ejercicio del gobierno. Este marco normativo vigente, se plantea un esquema rígido y limitado, sin restitución de la participación política y de otros derechos materiales e inmateriales sobre la reparación a las víctimas y a la democracia, y que hasta el momento se ha establecido como una experiencia insuficiente desde la perspectiva transicional y prospectiva en Colombia.
De acuerdo con ello, llamamos a las víctimas del país y al Gobierno del Cambio a construir unos criterios, modificaciones y reformas con participación de las organizaciones que permitan identificar los reales caminos, no solo formales, sobre lo que implica en Colombia un proceso de reparación colectiva para las víctimas, para la democracia y para el Partido Comunista Colombiano, en el marco del actual proceso político del Gobierno del Cambio, en consonancia con lo establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, con la política de PAZ TOTAL y en los estándares internacionales construidos hasta ahora.
De esta manera, este 9 de abril conmemoramos el “Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado”, por lo que el Partido Comunista Colombiano, saluda, acompaña y reclama para todas las victimas individuales y colectivas la verdad, justicia, reparación y especialmente garantías de no repetición en el contexto del Gobierno Democrático del cambio en curso.
Comité Ejecutivo Central
Partido Comunista Colombiano
Bogotá, DC, abril 9 de 2023