En los últimos días, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, han sufrido allanamientos ilegales en los sitios de trabajo y en los hogares de sus miembros. Las organizaciones denuncian y exigen garantías
Redacción Derechos Humanos
Se ha dicho y se ha repetido que los y las defensoras de los derechos humanos en el país son y han sido piedra angular para promover y proteger la dignidad de sujetos y comunidades.
En efecto, las organizaciones defensoras de los derechos humanos han sido la primera línea de contención al abuso del poder, ahora y en épocas aciagas como los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe y los cuatro años de Iván Duque.
Precisamente, esas estructuras de “inteligencia militar”, que fueron puestas al servicio del paramilitarismo y los narcos, siguen intactas y actuando. Los vientos de cambio no llegan aún por estos lares.
Así lo demuestran los hechos que siguen sucediendo: supuestos robos, allanamientos ilegales, incursiones y violación de moradas en donde, de manera sistemática solo se busca y se llevan las CPU de computadores de escritorios y portátiles que podrían contener información relacionada con los casos de defensa y protección de comunidades y demandas contra el Estado.
¿Casualidad?, definitivamente no
Jurídica y técnicamente, en Colombia se sigue presentando una violación a la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1).
También hay una continua violación del deber del Estado de garantizar, “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2)
¿Casualidad? Definitivamente no. Existen patrones: los “robos” y allanamientos ilegales se concentran sobre un sector bien definido; las organizaciones que llevan casos sensibles y que comprometen a expresidentes, exfiscales, excongresistas, empresarios, banqueros, militares retirados y en general a determinadores de violaciones de los derechos humanos y de delitos de lesa humanidad.
Nos preguntamos, ¿por qué habría de interesarle una información tan específica a una bandola de apartamenteros?, ¿es rentable para un grupo de delincuencia común estructurar todo un operativo para revolcar un apartamento, dejar las cosas de mayor valor económico y solo llevarse memorias y computadores familiares y de trabajo? ¿Quiénes y que estructuras tiene la capacidad de organizar este tipo de operativos? Y los interrogantes más importantes: ¿A quién sirve y beneficia el robo de esta información? O, en estos casos, ¿Quiénes deben temer al desarrollo de las actuales investigaciones y denuncias hechas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH?
Allanamiento ilegal
Así quedó la casa de la abogada Soraya Gutiérrez Arguello. Foto Cajar
El pasado domingo 30 de abril del presente año, en horas de la noche, sujetos sin identificar ingresaron ilegalmente a la vivienda de la doctora Soraya Gutiérrez Argüello, vicepresidenta del Cajar y vocera de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Cceeu, y sustrajeron tres equipos portátiles, dos parlantes y una cámara fotográfica. La abogada defensora de los derechos humanos se encontraba fuera de la ciudad de Bogotá.
El hurto fue frustrado a las 9:56 p.m. por la alerta de la celaduría del conjunto; los intrusos se dieron a la huida abandonando los morrales en que llevaban los equipos. No es un hecho aislado, solo unos días antes –como antecedentes–, el 21 de abril de 2023, cuando se dirigía a una jornada relacionada con el trabajo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el abogado del Cajar, Juan David Romero fue víctima del hurto de su teléfono celular, desde el cual intentaron acceder a los archivos institucionales y cambiaron las claves de ingreso con el propósito de impedir su recuperación.
Habla Soraya Gutiérrez
“Es muy grave esta situación; el modo en que entraron. Yo vivo en conjunto cerrado muy cerca de la portería; tuvieron todo el tiempo para esculcar y revolver todo. Cuando iban saliendo una de las celadoras los grito y alertó; dejaron los computadores de mi esposo de mi hija y el mío todo tirado en el suelo. Es un mensaje de terror para mostrar que pueden meterse a tu casa, en tu vida y que tienen poder para hacerlo. Esta ha sido una política permanente, que bien en los últimos tiempos han bajado los niveles de amenazas. Sin embargo, este año, han ocurrido varias situaciones parecidas a otros compañeros y compañeras de derechos humanos”, dice la vicepresidenta del Cajar.
Para la abogada estas amenazas provienen de sectores que históricamente se han opuesto a los temas de lucha contra la impunidad y buscan generar un ambiente de zozobra en el marco del actual gobierno para decir que no hay garantías y también producir miedo en el movimiento que defiende los derechos humanos.
“Las entidades del gobierno como el Ministerio de Defensa, del Interior y la Fiscalía han estado pendiente de verificar los temas de la seguridad, pero creemos que va a ser muy difícil que esto avance. Por eso, la política pública de protección a defensores y defensoras debe ir más allá del sometimiento de una estructura determinada, y avanzar a una investigación estructural que pueda develar todos los poderes políticos y económicos detrás de estas y así desestructurar militar y políticamente estos poderes y sus economías ilegales”.
Ingreso ilegal a las oficinas CPDH
Rubiel Vargas, director nacional del CPDH. Foto archivo
El viernes 25 de abril entre 9 y 9:30 a.m., en las oficinas del CPDH, se desarrollaba una reunión sobre el caso del líder social y campesino Carlo Julio Tautiva Cruz, asesinado el 21 de abril de 2023 en Sumapaz. Una delegación del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz, Sintrapaz, socializaba el caso ante el director del CPDH Rubiel Vargas, en perspectiva de la denuncia penal que se debe interponer ante la justicia.
En momentos en que se desarrollaba la reunión, al parecer cuando ingresó la delegación campesina, aprovecharon para entrar dos sujetos que, al principio, se pensó que eran parte de la delegación visitante. Al confirmar que no era parte se les abordó en el momento en que tomaban fotos y videos del interior y del exterior de la casa sede del CPDH.
Los escoltas del esquema del CPDH reaccionaron y los sujetos salieron apresurados, se metieron a un carro con vidrios oscuros que los esperaba con el motor encendido y huyeron. Estos hechos han sido denunciados ante la Fiscalía General de la Nación, exigiendo se aclare y se investigue estos graves acontecimientos y determine quienes son sus autores materiales e intelectuales.
“Desde el gobierno de Álvaro Uribe se viene implementando mecanismos de hurto de información que se encuentra en discos duros de computadores, de USB, celulares, cámaras fotográficas, bases de datos de las organizaciones sociales y de derechos humanos.
Esta modalidad contiene un modus operandi de no llevarse objetos valiosos, solo información que contiene los equipos. Así mismo, hace parte de hostigamientos, persecución política y amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos como de líderes y lideresas sociales.
Desde el CPDH enviamos nuestro mensaje de solidaridad al Cajar y a la abogada y compañera Soraya Gutiérrez Argüello quien fue víctima de la modalidad de tortura psicológica, hostigamiento y allanamiento ilegal de su morada”, dice Rubiel Vargas, director nacional del CPDH.
Con Información del Semanario Voz