El pueblo debe decidir su destino. Sin embargo, la derecha colombiana, representada en el Congreso de la República, ha bloqueado sistemáticamente los mecanismos de participación ciudadana diseñados para recuperar los derechos arrebatados a la clase trabajadora. El 14 de mayo, el Senado de la República, encabezado por Efraín Cepeda Sarabia, hundió de manera fraudulenta la Consulta Popular, un instrumento clave que, mediante 12 preguntas, buscaba revertir las políticas neoliberales que benefician exclusivamente a las élites económicas, devolver justicia laboral restaurativa a millones de trabajadores y eliminar, en parte, la Ley 789 de 2002, impuesta con los votos de más de 85 congresistas elegidos a través de la parapolítica. Este acto no solo refleja el desprecio por la voluntad popular, sino que confirma que los congresistas actúan como servidores del gran capital nacional y transnacional, legislando para proteger sus intereses en detrimento de las mayorías.
La extrema derecha busca obstaculizar cualquier avance progresista. Tras hundir la reforma laboral —pese al respaldo masivo en movilizaciones como las del 18 de marzo y el 1 de mayo—, ahora bloquea la Consulta Popular y sabotea iniciativas vitales como la reforma a la salud, que pretendía eliminar la intermediación financiera de las EPS y garantizar atención primaria universal. Incluso la reforma pensional, ya recortada, enfrenta el riesgo de ser declarada inexequible por la Corte Constitucional. Este cerco no es casual: busca deslegitimar al gobierno del Pacto Histórico y presentar el statu quo como una “victoria” de cara a las elecciones de 2026.
Los gobiernos neoliberales han convertido los derechos fundamentales —como la salud, las pensiones y el trabajo digno— en negocios lucrativos. Mientras las corporaciones acumulan ganancias récord, la clase trabajadora enfrenta precarización, desatención en salud y jubilaciones miserables. Esto evidencia la contradicción entre capital y trabajo, y sitúa la disputa en el plano de la lucha de clases: más ganancia vs. más pobreza para el pueblo. El triunfo popular dependerá de nuestra capacidad para resolver la coyuntura actual a favor de los trabajadores y los sectores históricamente empobrecidos.
Es probable que el Congreso mantenga su negativa frente a la nueva versión de la Consulta Popular, recientemente radicada, con 16 preguntas actualizadas que incluyen la producción estatal de medicamentos, la transformación de las EPS y un régimen laboral digno para el sector salud, manteniendo los temas de la reforma laboral.
El Comité Central y las direcciones intermedias deben orientar el trabajo hacia la creación y fortalecimiento de los Cabildos Populares, para que se conviertan en la voz organizada del pueblo. Las organizaciones populares deben contribuir a construir poder desde las bases. Estos espacios deben promover la articulación de propuestas concretas desde las comunidades, sin la intermediación de élites corruptas; fortalecer las iniciativas de movilización; y proyectar a los comités como núcleos de organización para dinamizar la lucha social. Esto debe hacerse a partir de la convocatoria del Comando Nacional Unitario (CUT, CGT, CTC, CPC, CDT y FECODE), la Coordinadora Nacional para el Cambio, la Minga Indígena Social y Comunitaria y el Pacto Histórico, con el objetivo de generar un espacio de coordinación entre el pueblo colombiano y sus organizaciones con la Cumbre Social, Política y Popular.
Dicha Cumbre aprobó un plan de acción que tiene como tarea central la convocatoria al PARO NACIONAL de 48 horas para el próximo 28 de mayo, con movilizaciones descentralizadas en todos los municipios y departamentos del país, acompañadas de puntos de agitación. El 29 de mayo se realizarán Cabildos Abiertos o Asambleas Populares como espacios de deliberación en defensa del proyecto político del Gobierno del Cambio, el respaldo a las reformas sociales y el apoyo a la Consulta Popular. También se convoca a un Cacerolazo Nacional a las 12:00 del mediodía y a las 8:00 p.m. ambos días.
Asimismo, se continuará con la dinámica de lucha social y popular mediante el PARO NACIONAL de 24 horas el 11 de junio, acompañado de cuatro grandes caravanas hacia Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá.
Los puntos que recojan las peticiones de sindicatos, organizaciones campesinas, estudiantiles, juveniles, movimientos sociales y del magisterio —que han demostrado su capacidad de organización y movilización en todo el país— deben ser sistematizados en los Cabildos. También es clave denunciar a los senadores y representantes que han bloqueado las reformas democráticas en complicidad con la élite empresarial, que no ha escatimado esfuerzos para despojar al pueblo de sus derechos.
La acción no puede limitarse a las denuncias: es urgente masificar la información sobre la Consulta Popular. Las 16 preguntas representan un piso mínimo para recuperar los derechos de la clase trabajadora en el campo y la ciudad. Su difusión debe ser una prioridad, involucrando a medios comunitarios y redes territoriales. Se propone realizar brigadas informativas en barrios, calles, universidades, etc., apoyadas con nuestro semanario La Voz, que en esta edición tiene una línea especial dedicada a las reformas y al gobierno de Gustavo Petro.
La unidad del pueblo y su clase trabajadora hará posible la aspiración permanente de conquistar más y mejores derechos en salud, vivienda, trabajo, pensiones, educación, alimentación, tierra, cuidado del medio ambiente, inclusión y justicia. Como pueblo, trazaremos la ruta hacia una patria donde podamos progresar, ver crecer a nuestros hijos e hijas y garantizarles el presente y el futuro que merecen.
Bogotá, 27 de mayo de 2025
COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL