La vicepresidenta de la FIDM y exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, junto a las mujeres que participan de la misión de verificación. Foto Alejandro Cuevas
A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, se propone un cambio de paradigma: la implementación ya no se mide solo en el silencio de los fusiles, sino en la autonomía económica de las mujeres
Por: Victoria Alean
El Centro Cultural Gabriel García Márquez en Bogotá se convirtió este 25 de mayo de 2026 en el epicentro del foro “Economía popular, género y paz territorial”. Este no solo sirvió de escenario para la instalación de la VIII Misión Internacional de Verificación del Enfoque de Género, liderada por la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FDIM, sino que presentó una radiografía técnica y política de cómo la redistribución material está sosteniendo el tejido social en las regiones más golpeadas por el conflicto.
La apertura fue la constatación de que, a una década de firmado el Acuerdo de Paz, la implementación ha entrado en una fase decisiva donde el protagonismo ha pasado de los negociadores a las mujeres que sostienen la economía popular en los territorios.
La paz se construye desde abajo
El foro tuvo la intervención de Gloria Inés Ramírez, vicepresidenta mundial de la FDIM, exministra de Trabajo y figura clave en la articulación de los movimientos sociales. Ramírez definió el momento político y social que vive el país: “La paz no se decreta. La paz se construye desde los territorios con las mujeres y con la justicia social”.
En su declaración añadió un mensaje clave para las instituciones presentes: “La paz no se sostiene únicamente con acuerdos firmados. La paz se sostiene cuando las condiciones materiales de la vida cambian. Y ahí la economía popular es central”.
Ramírez advirtió que la economía popular ha convivido históricamente con una realidad estructural de informalidad que, en la práctica, se traduce en una “feminización de la precariedad”. Por ello, destacó que los proyectos productivos no son simples iniciativas económicas, sino instrumentos estratégicos de reincorporación y reconstrucción del tejido social que deben ser protegidos como parte de la “Paz Total”.
Justicia redistributiva: cifras con rostro femenino
Mauricio Rodríguez, director del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, presentó unas cifras que marcan un hito en la historia reciente de la lucha contra la pobreza en Colombia: 2,6 millones de personas salieron de la pobreza en el último periodo, y de ese total, el 60% corresponde a mujeres.
Este avance no ha sido accidental, sino que es el resultado de un tránsito del asistencialismo tradicional hacia la justicia redistributiva. El programa Renta Ciudadana, por ejemplo, cuenta con 780 mil familias beneficiarias de una transferencia de 500 mil pesos, de las cuales el 80% son mujeres jefas de hogar que lideran la economía del cuidado.
En el caso de Colombia Mayor, la cobertura llegó a tres millones de personas, logrando que el 66% de las beneficiarias sean mujeres adultas mayores que dedicaron su vida al hogar sin acceso a pensión y que hoy reciben un apoyo económico que supera la línea de pobreza extrema por primera vez en la historia del programa.
Rodríguez enfatizó que la meta es fortalecer la inclusión productiva. Bajo esta política, el Gobierno de Gustavo Petro ha apoyado más de 5.000 procesos productivos de mujeres en sectores como la gastronomía, el turismo comunitario y la producción agroalimentaria.
Reformas estructurales para lo “invisible”
El debate técnico también abordó la necesidad de reformas que reconozcan el trabajo más allá de las oficinas tradicionales. Magda Alberto, subdirectora de Empleo y Seguridad Social del DNP, planteó un reto a la institucionalidad: reconocer que las cuidadoras, tejedoras y vendedoras informales son trabajadoras con plenos derechos.
Alberto destacó el Conpes de Trabajo Digno y Decente, un instrumento que otorga “dientes” al Estado para garantizar que la protección social llegue a la economía popular. Entre las acciones destacadas se encuentra la creación de riesgos laborales para vendedoras informales y campesinas, así como la defensa de la reforma pensional que propone una pensión universal para las mujeres, reconociendo el costo del cuidado que históricamente han asumido sin remuneración.
“Estamos defendiendo un modelo de economía que nos saque del extractivismo hacia una economía solidaria y asociativa”, afirmó la funcionaria.
Para blindar estos avances frente a futuros cambios de gobierno, Yolanda Amaya, directora de la Unidad Solidaria, presentó el Plan Decenal de Economía Social, Comunitaria y Popular. Este plan, construido con la participación de 3.000 personas de diversos territorios, será la hoja de ruta para los próximos diez años, buscando fortalecer a más de 3.300 organizaciones territoriales y permitiendo que las asociaciones de mujeres puedan contratar directamente con el Estado.
Voces del territorio y visión internacional
La paz, según Lorena Peña, presidenta de la FDIM, debe ser “holística”: paz en el mundo, en el país y en el hogar. Peña subrayó que las mujeres no piden “regalos”, sino oportunidades reales traducidas en acceso a crédito y asistencia técnica para competir con las grandes corporaciones. Esta visión fue respaldada por la cubana Alicia Campos, quien recordó que la economía popular es el motor de resiliencia en toda América Latina, desde las ferias campesinas de Bolivia hasta los tianguis de México.
En el ámbito local, el foro se consolidó como un espacio de encuentro para las delegadas de las organizaciones de la FDIM en Colombia, quienes lideran la construcción de paz desde sus territorios.
Estas delegaciones reafirmaron que sus procesos organizativos son instrumentos esenciales para la implementación del Acuerdo de Paz y la reconstrucción del tejido social. Además, recalcaron que la sostenibilidad de la paz territorial y la autonomía económica dependen de un reconocimiento real de los derechos de las mujeres y, fundamentalmente, del acceso a la tierra.
Un informe para la incidencia mundial
La VIII Misión de Verificación se trasladará ahora al territorio de Sumapaz, un lugar histórico de lucha agraria y defensa ambiental, para evaluar en terreno la implementación de la Reforma Rural Integral.
Los hallazgos de esta jornada y de la visita territorial se consolidarán en un informe final que será llevado por la FDIM a sus cinco regiones mundiales. Como concluyó Gloria Inés Ramírez, este ejercicio no es solo una auditoría técnica, sino una herramienta de verdad que busca garantizar que el modelo de “economía potencia de la vida” se convierta en el pilar inamovible de la paz con justicia social en Colombia.
Con información del Semanario Voz