Alocución Banco de la República. Foto Andrea Puentes
Bajo el argumento que el Gobierno de Gustavo Petro “vulneró el principio de separación de poderes”, la Corte Constitucional tumbó el decreto de emergencia económica con el que se buscaba recaudar 16.3 billones de pesos que se destinarían al Presupuesto General de la Nación de 2026.
Editorial 3316
De las tres reformas tributarias presentadas durante toda su administración, a Petro le aprobaron solo la primera. Lo que indica que, sin los recursos necesarios para sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo, el primer Gobierno democrático del país le tocó ajustar su andamiaje y construir sus propias condiciones materiales, políticas y económicas que permitieran ir materializando el mandato popular.
La deuda que recibió el Gobierno, el saboteo de las reformas en el Congreso, el contexto internacional y el estado de emergencias ambientales y humanitarias en el país, han sido parte de los desafíos que ha enfrentado todo el equipo económico. Sin embargo, hoy sus resultados, pese a las dificultades y los tropiezos, tienen trasnochando a la derecha.
Contrario a lo que se esperaba, el Gobierno ha sido audaz, ágil y versátil a la hora de promover la economía y ha puesto a Colombia ante el mundo como un país llamativo para invertir, visitar y exportar lo que produce.
A Gustavo Petro le cobran eso y mucho más. Por ejemplo, las 700 mil hectáreas de tierra fértil entregadas a campesinos pobres como cuota inicial de una promesa con la justicia social. Esta es la columna vertebral de la Reforma agraria, un compromiso con el Acuerdo de Paz.
Por otro lado, mientras en otrora se escuchó hablar de “catastro” solo cuando la población debía pagar sus impuestos, hoy se habla del Catastro Multipropósito que busca, entre otros elementos, seguridad jurídica para el campesinado y planeación territorial, garantizando mejor uso del suelo y mayor inversión. Más de 30 millones de habitantes se beneficiarán de la normativa que pone en el centro el pago justo en los servicios de acueducto y alcantarillado en el país.
De igual forma, el programa Colombia Mayor pasó de atender a 1.6 millones de personas con 80 mil pesos mensuales en 2023, a cubrir tres millones de personas mayores en condiciones de pobreza extrema en 2025, con una renta básica de 230 mil pesos. Todo gracias a la Reforma Pensional, que hoy la candidata presidencial del uribismo, Paloma Valencia, insiste en tumbar.
También, el Gobierno popular le demostró al país que es posible más empleo con garantías laborales, que la clase trabajadora merece un salario mínimo vital digno, que sin movilización social no hay derechos y que la resistencia de las élites empresariales que interpretan la agenda social como el fin de sus negocios, es tan solo un mito del neoliberalismo.
Luego de la decisión de la Corte Constitucional, el presidente Petro, que hoy goza de una imagen positiva de 50,9%, anunció que presentará al Congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria en respuesta a la subida de las tasas de interés al 11,5 %, por el Banco de la República.
Mientras tanto, será la movilización social y el fortalecimiento de la campaña electoral de Iván Cepeda y Aida Quilcué, la que dé continuidad a una segunda experiencia democrática que ponga en el centro la dignidad humana.
Solo falta ratificar todo en las urnas el próximo 31 de mayo y cuidar el voto popular. ¡Vamos por más!
Con información del Semanario Voz