El pasado 15 de abril se revelaron documentos que eran “ultrasecretos” sobre el narcotráfico y la corrupción en Colombia de los años 70. Fueron desclasificados por el Archivo de Seguridad Nacional de EEUU y ponen en evidencia a 36 “funcionarios ministeriales y judiciales, personal militar y policial, y otras figuras de alto nivel” que estaban directamente vinculados con el narcotráfico.
Por: Oscar Hernando Avellaneda
Entre los funcionarios se encuentran el expresidente Julio César Turbay, el exministro de Defensa, General Abraham Varón Valencia, el exministro de Trabajo, Óscar Montoya Montoya y el Coronel Humberto Cardona Orozco, entonces jefe de la Industria Militar de Colombia (INDUMIL).
Los documentos formaban parte de la biblioteca presidencial de Jimmy Carter, y allí se lee que EEUU consideraba que los narcotraficantes y sus actividades se veían “muy facilitadas por la cooperación y protección de influyentes funcionarios colombianos”.
La información fue el resultado de investigaciones tanto de la DEA (Administración de control de Drogas), como de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de EEUU). Sus informes mostraban la velocidad con la que avanzaba la corrupción en Colombia y cómo se expandía el narcotráfico.
Acertadamente la Senadora María José Pizarro ha puntualizado:
“Estados Unidos libera documentos que muestran la relación de altos funcionarios de gobiernos colombianos con narcotraficantes; entre los señalados, el expresidente Julio César Turbay, faro moral de la extrema derecha, quien impuso en Colombia el Estatuto de Seguridad Nacional. El país merece la verdad sobre los beneficiarios del narcotráfico, los promotores de la tortura y otras graves violaciones a los Derechos Humanos”
Estados Unidos libera documentos que muestran la relación de altos funcionarios de gobiernos colombianos con narcotraficantes; entre los señalados, el expresidente Julio César Turbay, faro moral de la extrema derecha, quien impuso en Colombia el Estatuto de Seguridad Nacional.… pic.twitter.com/lcSKdFZxAZ
— María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) April 16, 2024
Turbay, abuelo del Senador Miguel Uribe Turbay, militante del Centro Democrático y exsecretario de gobierno de Bogotá en la administración de Enrique Peñalosa, según el informe, fue vinculado a través de su sobrino, Aníbal Turbay Bernal, quien estaba relacionado con narcotraficantes que creían que “podrían elegir a los jefes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Colombia si Julio César Turbay asumiera la presidencia”… y efectivamente la asumió entre 1978 y 1982.
El 13 de septiembre de 1978, un mes después de haberse posesionado, Turbay expidió el Decreto 1923, a través del cual se adoptó el “Estatuto de Seguridad”, una «Dictadura disfrazada de democracia» como señala la Comisión de la Verdad. Con este se permitió la violación de los Derechos Humanos con métodos similares a los de las dictaduras del Cono Sur.
El papel de las autoridades en aquella época estuvo centrado en negar la credibilidad de las denuncias sobre crímenes y torturas cometidos durante el periodo de aplicación del Estatuto. La actitud del gobierno Turbay, de los militares y el procurador, quien recibía las denuncias, siempre fue negarlas. Pero hay suficientes documentos, testimonios y peritazgos. Así por ejemplo, estudiantes de la Universidad Nacional fueron torturados y los certificados de los médicos legistas que las comprobaban fueron entregados al Comité Permanente de Derechos Humanos, y al Procurador que siempre se negó a investigar los hechos.
Un caso emblemático de tortura ocurrió en 1979 con la Médica Olga López y su hija de 6 años. Denuncia que fue llevada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el padre de la víctima, el exsenador liberal Iván López Botero.
En el caso del Ministro de Defensa, General Abraham Varón Valencia, (1974-1978) los documentos afirman que habría “recibido sobornos para narcotráfico y contrabando”, y del Ministro de Trabajo, Óscar Montoya (1976-1978) que “había hablado de tráfico ilícito de cocaína y café” con un conocido narcotraficante.
Durante su corta permanencia en el Ministerio Montoya designó como secretario general del Ministerio del Trabajo al entonces joven abogado Álvaro Uribe Vélez, quien pasó luego a ser Director de la Aeronáutica Civil (1980-1982) en el Gobierno de Turbay.
En la Aeronáutica Uribe, según la biografía “El señor de las sombras” escrita por el periodista Joseph Contreras de la revista Newsweek, concedió licencias de vuelo a pilotos que eran traficantes del cártel de Medellín, acusaciones en las que insistieron dos periodistas colombianos, Fernando Garavito y Fabio Castillo, en una investigación recogida en el libro “Los jinetes de la cocaína”, a los que se suma una concienzuda investigación publicada por Sergio Camargo: “El narcotraficante No.82”, donde se asegura que Uribe figuraba en una lista elaborada por EEUU, como “uno de los narcotraficantes más peligrosos”, y justo tres números antes, con el número 79, aparecía Pablo Escobar.
Según el informe, el exjefe de inteligencia de la policía de Cali, capitán Harold Lozano Jaramillo, estuvo “operando un laboratorio [de cocaína] en su residencia en Cali”, entre otros cargos, y el exjefe de la Policía Nacional, General Henry García Bohórquez, utilizó “su influencia para facilitar las actividades de varios importantes narcotraficantes colombianos”.
El último punto del memorando, dice: “hay evidencia creciente de posibles actividades de tráfico por parte de Alfonso López Caballero”, hijo del presidente López Michelsen.
El Presidente de Colombia, Gustavo Petro concluyó en su cuenta de X:
“Desde el principio del narcotráfico, éste estaba ligado al más alto poder político” (…)
“Narcotráfico y Estado de Sitio iban de la mano. Corrupción y violación de los Derechos Humanos”
‘lLista negra’ de políticos colombianos vinculados con narcotráfico (Señal Memoria – Presidencia de Colombia – NS Archive)