El periodo legislativo 2026-2030, tanto en Senado como en Cámara de Representantes, comenzará el próximo 20 de julio. Foto archivo
El Senado de la República y la Cámara de Representantes serán las tribunas para defender los cambios ganados en cuatro años de Gobierno popular. El doble reto para la bancada del Pacto Histórico es trabajar con la gente, tanto en el parlamento como en las calles.
Por: Hernán Camacho
El pasado 8 de marzo de 2026, Colombia eligió un nuevo Congreso para el periodo 2026-2030. El Pacto Histórico se consolidó como la primera fuerza en ambas corporaciones, alcanzando 25 curules en el Senado y 42 en la Cámara de Representantes. Fueron más de 4,2 millones de sufragios para el partido político del presidente Gustavo Petro.
Sin embargo, el retorno al poder de la ultraderecha colombiana, encabezada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, plantea un escenario complejo. Aunque el Pacto Histórico es la bancada más grande del Congreso, queda en minoría frente a un bloque de partidos tradicionales que han decidido alinearse con el gobierno entrante.
Las comisiones constitucionales
La primera batalla se libra en la conformación de las siete comisiones constitucionales del Senado, que definirán el destino del periodo legislativo. La distribución de las comisiones no es uniforme y deja al Pacto Histórico con sus mayores representaciones en las Comisiones Primera (cinco senadores), Segunda (cuatro senadores) y Cuarta (cuatro senadores). Con 102 curules totales en el Senado, el Pacto representa apenas el 24,5% de la corporación.
En la práctica, esto significa que para aprobar cualquier iniciativa —o para frenar una contrarreforma— la oposición necesitará sumar apoyos que, en el actual tablero político, se ven cada vez más lejanos.
La correlación de fuerzas es clara y desfavorable para el progresismo: el Pacto Histórico y algunas fuerzas aliadas tendrán que liderar una batalla en solitario para defender las reformas sociales, mientras las bancadas de derecha se preparan para desmontar todo lo construido en los últimos cuatro años.
La oposición: un frente en minoría
El bloque que acompañará a De la Espriella en el Senado suma fuerzas abrumadoras: Centro Democrático (17 curules), Partido Liberal (13), Partido Conservador (11), Partido de la U (9), Coalición Cambio Radical-ALMA (6) y Alianza por Colombia (11). En total, son más de 70 senadores alineados con el gobierno entrante. Frente a esta contundente mayoría, el Pacto Histórico será la única bancada que se declarará en oposición firme.
La senadora María Eugenia Londoño, del Partido Comunista en el Pacto Histórico, ocupará una curul en la Comisión Séptima, con el fin de defender los avances del magisterio y la educación pública. Por su parte, la senadora Aída Avella, de la UP en el Pacto, será una de las voces más visibles en el frente económico desde la Comisión Cuarta.
La bancada del Pacto Histórico declaró oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella, que no será formal ni testimonial, sino “firme, democrática y movilizada”, dispuesta a enfrentar cualquier intento de desmontar los avances alcanzados en materia de reforma agraria, derechos laborales y pensionales, educación pública y paz.
También dejan claro que su resistencia no se limitará al Congreso, sino que se extenderá a las calles junto a la ciudadanía que respaldó el cambio. En ese marco, se designaron a los compromisarios para el diálogo y la coordinación con otras colectividades.
La bancada finalmente se comprometió a fortalecer el Pacto desde los territorios y a impulsar la construcción del Frente Amplio por la Vida, una apuesta para articular fuerzas democráticas, progresistas y populares.
La “bomba fiscal” y el ajuste
El nuevo gobierno ha anunciado que recibe una “bomba de tiempo fiscal”, línea que coincide con la advertencia de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF. Mientras el gobierno saliente de Petro proyecta un déficit fiscal de 5,3% del PIB y un déficit primario de 2,1% para 2026, los cálculos de ANIF elevan esas cifras a 6,5% y 3,3%, respectivamente. En un escenario de mayor riesgo, el déficit podría alcanzar el 7,2% del PIB con una brecha de al menos 63 billones.
Ante este panorama, ANIF propone un ajuste de tres puntos del PIB, que incluye un recorte de 27 billones de pesos en gastos y una reforma tributaria de 12 billones de pesos.
La línea roja del Pacto Histórico es clara: el ajuste fiscal no se puede hacer sobre la base de recortar derechos, sino que debe centrarse en una tributación más progresiva, en el desmonte de los beneficios tributarios de las grandes empresas y en la lucha contra la evasión fiscal. El gobierno electo, por su parte, ha señalado que necesita liquidez y que una adición presupuestal es prioritaria para sanear las cuentas.
Las contrarreformas
El programa del nuevo gobierno ya ha delineado los tres ejes de su ofensiva contra las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro. En lo laboral, se busca desmontar la reforma para que los empresarios recuperen la “competitividad” perdida; en lo agrario, la intención es retrotraer la política de reforma agraria, frenando la entrega de tierras.
Sin embargo, la contrarreforma pensional será el principal campo de batalla. De la Espriella ha propuesto modificar la Ley 2381 (la reforma pensional de Petro) para abrir de nuevo la posibilidad de que los trabajadores elijan entre Colpensiones y los fondos privados, además de blindar por vía constitucional los ahorros de los cotizantes. El plan incluye elevar el subsidio para la población anciana vulnerable de 225.000 a 350.000 pesos mensuales, pero financiado con recortes en programas de transferencias dirigidos a los jóvenes.
Restrepo, vicepresidente electo, ha señalado que buscarán “fortalecer los fondos privados” retomando la política de que los trabajadores puedan elegir dónde cotizar. La estrategia del nuevo gobierno es clara: esperar el fallo de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional actual –que aún no entra en plena aplicación– y, dependiendo de su resultado, impulsar una contrarreforma legislativa que restablezca el sistema de capitalización individual.
El poder judicial de rodillas
El nuevo Congreso se instalará con una mayoría alineada con el gobierno de Abelardo de la Espriella y una oposición que, aunque fortalecida en votos, quedará en minoría en las comisiones. La bancada del Pacto Histórico tendrá que enfrentar no solo la ofensiva legislativa, sino también la correlación de fuerzas en la justicia colombiana, que hasta hoy ha sido un “tatequieto” a la política social del gobierno Petro.
En la Corte Constitucional se espera que el nuevo gobierno intente archivar la reforma pensional, mientras que con las otras cúpulas judiciales se retraerán los derechos ganados por los trabajadores mediante la movilización social. La batalla por el futuro de Colombia apenas comienza.
5 de julio de 2026
Con información del Semanario Voz