El integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo reflexionó sobre el legado de la administración de Francisco Barbosa, la importancia que tiene para la Justicia la elección de la nueva fiscal y los principales retos de la elegida
Por: Óscar Sotelo Ortiz
@oscarsopos
El país está expectante frente a la elección de la nueva fiscal general de la nación. Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez Parra son las tres abogadas penalistas que integran la terna presentada por el presidente Gustavo Petro. Sus hojas de vida fueron aprobadas por la Corte Suprema de Justicia, CSJ, pero, en las votaciones al interior del alto tribunal, ninguna de ellas ha logrado la mayoría necesaria para dirigir el ente acusador.
Este hecho ha desencadenado que distintas voces se pronuncien. Por un lado, se encuentra la ciudadanía que exigió en las calles la pronta elección, respaldada por organizaciones defensoras de los derechos humanos e instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Por otro lado, están las voces de la oposición que denuncian una indebida presión política al alto tribunal. Todo esto en un escenario que el Gobierno ha denunciado como de “ruptura institucional”.
Para ampliar sobre este asunto fundamental para el futuro del país, VOZ habló con Reynaldo Villalba, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y representante del senador Iván Cepeda Castro en el mediático caso Uribe.
El balance
¿Cuál es el balance que usted hace de la gestión hecha por el exfiscal Francisco Barbosa al frente del ente acusador?
Yo califico la administración de Francisco Barbosa como una de las peores en la historia de la Fiscalía. Compite con los exfiscales Néstor Humberto Martínez y Luis Camilo Osorio. Específicamente, la de Barbosa fue nefasta para la administración de justicia en cuatro aspectos. El primer punto fue la impunidad del 94 por ciento, especialmente en hechos de grave corrupción y delitos de crimen de lesa humanidad. Además, le dio un golpe certero a la Unidad de Derechos Humanos, clausuró despachos y terminó configurando una sobrecarga laboral para con los funcionarios.
En segunda medida, esa impunidad fue selectiva para sus familiares, amigos y personas cercanas a su ideología política que, presuntamente, cometieron delitos. En cambio, fue implacable en la persecución penal en contra de la juventud que salió a protestar. Con la llamada “primera línea” hizo vinculaciones arbitrarias e infló los presuntos señalamientos delictuales.
Lo tercero es que fue un obstáculo para las reformas democráticas y la política de Paz Total, iniciativas que impulsa el Gobierno nacional. Saliéndose de sus funciones y abandonando su obligación de investigar los graves crímenes, se convirtió en un opositor con ínfulas presidenciales.
Finalmente, que es lo más grave, es este episodio recientemente conocido de cómo funcionarios cercanos a Barbosa favorecieron y tienen vínculos con las estructuras del narcotráfico en Buenaventura. Mientras que investigadores honestos, como es el caso del fiscal del caso Carlos Pizarro Leongómez, fueron retirados arbitrariamente con el fin de asegurar impunidad.
La elección
El próximo 22 de febrero, la CSJ tendrá una nueva votación para elegir a la nueva fiscal general de la nación, con el antecedente que en la pasada sesión ganó el voto en blanco. ¿Cómo interpreta usted esta situación?
Es importante contextualizar. Por ejemplo, en el gobierno Uribe la CSJ declaró inviable, en varias oportunidades, la terna presentada porque las personas postuladas no cumplían con los requisitos para liderar el ente acusador. Sin embargo, para este caso tenemos que la terna presentada por el presidente Gustavo Petro no ha sido cuestionada y se consideró idónea por la misma CSJ. Por eso, sorprende que hasta el momento el voto en blanco sea el mayoritario en las secciones de elección al interior del alto tribunal. Eso solo puede interpretarse como una dilación.
Y gracias a ese aplazamiento, llega a la dirección del ente acusador la vicefiscal Martha Mancera…
La interinidad no ha sido una buena experiencia y en esta oportunidad hay mayores razones para pensarlo. La fiscal (e) Martha Mancera está seriamente cuestionada por presuntamente favorecer a personas ligadas con el narcotráfico. Lo que es escandaloso en este caso es que se trata de funcionarios que hacen parte de la Fiscalía.
Diversas voces nacionales e internacionales vienen persuadiendo a la CSJ para que elija fiscal. Sin embargo, la oposición argumenta que se está presionando políticamente al alto tribunal. ¿Cuál es su opinión frente a este escenario?
La legítima movilización ciudadana hizo un llamado contundente a la CSJ para que cumpla su deber y elija pronto a la nueva fiscal. A este reclamo, se suman los pronunciamientos de la CIDH y la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Todas las voces coinciden en que es una decisión en favor de la administración e independencia de la justicia.
Hablemos un poco de la terna presentada por el presidente de la República. ¿Cuál es su valoración de las abogadas que aspiran al cargo?
Lo primero es que, históricamente, se han presentado ternas donde una sola persona tiene posibilidades. En segunda medida, por fin tenemos una terna que no puede ser señalada de tener vínculos afectivos con el presidente de la República. Además, las hojas de vida responden a personas con una importante experiencia en el derecho penal y que no tienen intereses más allá que combatir la impunidad y cumplir con su obligación de investigar con idoneidad los delitos.
Los retos
¿Cuáles son los principales retos que tendrá la persona que liderará la Fiscalía en el siguiente período?
El principal reto es recuperar la confianza de la sociedad. Para ello, es necesario que combata la impunidad de los crímenes más graves, entre ellos las violaciones de los derechos humanos. También tiene que hacer nombramientos responsables, es decir, elegir personas idóneas, capaces y comprometidas con la justicia. Un ejemplo es el necesario cambio en los fiscales delegados ante la CSJ. Además, tiene que fortalecer la Unidad Nacional de Derechos Humanos, que ha sido desmantelada por las anteriores administraciones, especialmente por la de Barbosa. Finalmente, considero que debe liderar una reforma a la justicia donde es imperativo el cambio en la manera como se elige al fiscal.
¿Por qué considera que debe haber una reforma con respecto a este último punto?
Sin ninguna duda debe existir una reforma. No puede ser que el fiscal provenga de una terna presentada por el presidente de turno. Además de eso, la forma en que se escogen los principales integrantes de las altas cortes convierte el accionar de estos organismos en un fenómeno de intercambios burocráticos. Esas experiencias han sido muy negativas para el país.
Usted hace parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y es el abogado del senador Iván Cepeda en el mediático caso de Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuáles son las expectativas que tiene frente a la nueva administración en la Fiscalía?
Sobre el rol de la Fiscalía de Barbosa en el caso Uribe, hay que decir que asumió el compromiso no declarado, pero evidente en su actuación, en defender al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Los dos pedidos de preclusión sin ningún fundamento jurídico, y que nosotros hemos calificado de temerarias, vislumbra que se está buscando la prescripción de la acción penal, es decir, que el caso no llegue a jueces. Una actuación para asegurar la impunidad frente a las conductas que se le indican al imputado.
En ese sentido, esperamos en la nueva dirección de la Fiscalía asuma un rol de investigar todos los delitos, particularmente los que tienen mayor connotación y trascendencia en la sociedad. Estamos agotados de la impunidad que hay frente a los graves crímenes y las violaciones de los derechos humanos, así como con los casos de corrupción. La nueva fiscal debe demostrar que nadie está por encima de la ley por muy poderoso que sea.
Con información del Semanario Voz