El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH –, organización con más de 46 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos y en la construcción de paz con justicia social en Colombia, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la existencia de una estrategia de persecución política, estigmatización y posible criminalización contra Danilo Rueda, así como contra defensores y defensoras de derechos humanos y de paz en el país. Rechazamos que hechos relacionados con el cumplimiento de funciones legales y constitucionales orientadas a favorecer salidas dialogadas al conflicto armado colombiano sean expuestos de manera selectiva, descontextualizada y mediática con el propósito de construir señalamientos que ponen en riesgo la vida, la integridad, la honra y las garantías judiciales de quienes han trabajado por la paz.
Contexto
1.Colombia ha vivido un conflicto armado de larga duración. Frente a esta realidad, distintos gobiernos, organizaciones sociales y sectores defensores de derechos humanos han impulsado esfuerzos para abrir caminos de diálogo y promover una solución política y negociada al conflicto social y armado, con el propósito de superar la violencia política.
2.El artículo 22 de la Constitución Política de Colombia establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. En desarrollo de este mandato constitucional, el Gobierno de Gustavo Petro impulsó una política de paz denominada Paz Total.
3.En ese marco, Danilo Rueda se desempeñó como Alto Comisionado para la Paz durante el Gobierno de Gustavo Petro, desde el 7 de agosto de 2022 hasta noviembre de 2023, periodo en el cual ejerció funciones institucionales relacionadas con la búsqueda de acercamientos, diálogos y mecanismos orientados a la terminación del conflicto armado.
4.El 7 de agosto de 2022, día de la posesión presidencial, el Clan del Golfo anunció un supuesto cese unilateral de acciones ofensivas, presentado como un gesto de buena voluntad para favorecer un clima propicio a eventuales acercamientos y diálogos con dicha estructura armada.
5.Posteriormente, el 2 de septiembre de 2022 se realizó una reunión cuyos audios fueron publicados en 2026 por Noticias Caracol. En dichas grabaciones se escucha a Danilo Rueda, en su calidad de Alto Comisionado para la Paz, sostener un diálogo con integrantes del Clan del Golfo, actuación que debe ser comprendida dentro del marco de sus competencias institucionales y de la política pública de paz vigente para ese momento.
6.El 31 de diciembre de 2022, el Gobierno nacional expidió el decreto mediante el cual se estableció un cese al fuego temporal con varios grupos armados, como parte de los esfuerzos institucionales por reducir la confrontación armada y abrir posibilidades de negociación.
7.No obstante, para 2026, el balance de la política pública denominada Paz Total ha sido objeto de cuestionamientos por sus limitados resultados y por la falta de una metodología y una ruta suficientemente claras que permitieran avanzar de manera sostenida en procesos de diálogo orientados a poner fin al conflicto armado colombiano.
8.En este escenario, sectores políticos que históricamente se han opuesto a una salida dialogada al conflicto armado han utilizado los resultados limitados de la Paz Total para responsabilizar al Gobierno saliente y presentar la política de paz como un supuesto factor de riesgo para la seguridad nacional. Esta lectura desconoce que los esfuerzos de diálogo, aun con dificultades, hacen parte de obligaciones estatales orientadas a proteger la vida, reducir la confrontación armada y buscar caminos de solución política.
9.En ese contexto, se ha promovido una narrativa orientada a asociar al Gobierno saliente y a quienes participaron en la política de paz con organizaciones armadas ilegales, omitiendo deliberadamente que sus actuaciones se desarrollaron en cumplimiento de funciones previstas por la Constitución, la ley y la política pública de paz vigente. Esta narrativa, además de desinformar a la opinión pública, puede servir para construir acusaciones artificiales en escenarios judiciales nacionales o internacionales.
10.En consecuencia, Danilo Rueda aparece como el primer objetivo visible de una serie de señalamientos, denuncias y eventuales procesos contra personas que, desde el Gobierno nacional saliente, participaron en la implementación de una política de paz amparada por mandatos legales y constitucionales del Estado colombiano. Este hecho constituye una grave alerta para el conjunto del movimiento de derechos humanos, para quienes defienden la paz y para la sociedad colombiana.
Exigencias
Al Estado colombiano y al Gobierno nacional:
Solicitamos al Estado colombiano y al Gobierno nacional adoptar medidas urgentes, eficaces y concertadas de protección para garantizar la vida, la integridad personal y la seguridad de Danilo Rueda, de su familia, de su entorno cercano y de las personas defensoras de derechos humanos y de paz que puedan encontrarse en situación de riesgo.
Exigimos a las autoridades competentes rechazar públicamente y de manera inmediata toda forma de estigmatización, señalamiento o criminalización contra quienes han participado en procesos de paz, defensa de derechos humanos y búsqueda de soluciones dialogadas al conflicto armado.
Solicitamos activar las rutas institucionales de prevención y protección, especialmente a través del Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y demás entidades competentes, con enfoque diferencial, territorial y de derechos humanos.
A la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales competentes:
Exigimos a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales competentes garantizar que cualquier actuación penal, disciplinaria o judicial relacionada con Danilo Rueda y con personas vinculadas a políticas de paz se adelante con estricto respeto del debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de juez natural.
Exigimos que dichas autoridades se abstengan de instrumentalizar el sistema penal o disciplinario con fines de persecución política, retaliación institucional o criminalización de la labor de defensa de derechos humanos y construcción de paz, y que adopten medidas efectivas para impedir que ello ocurra.
Solicitamos investigar con debida diligencia las amenazas, hostigamientos, campañas de estigmatización, filtraciones indebidas y demás hechos que puedan poner en riesgo la vida, la integridad y las garantías judiciales de Danilo Rueda y de defensores/as de derechos humanos y de paz.
Exigimos evitar el uso mediático, selectivo o descontextualizado de información reservada o de actuaciones judiciales que pueda afectar la honra, el buen nombre, la seguridad o las garantías procesales de las personas señaladas.
Exigimos que toda decisión judicial se adopte con independencia, imparcialidad y plena observancia de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
A la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República:
Solicitamos a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y al Congreso de la República ejercer vigilancia, control preventivo y seguimiento institucional frente a posibles actuaciones estatales, judiciales o disciplinarias que puedan derivar en persecución política, estigmatización o criminalización de defensores/as de derechos humanos y de paz.
Solicitamos que dichas instituciones emitan alertas, informes, pronunciamientos y recomendaciones públicas orientadas a prevenir riesgos contra la vida, la integridad, la libertad y las garantías judiciales de Danilo Rueda y de quienes defienden los derechos humanos y la paz en Colombia.
Solicitamos al Congreso de la República promover debates de control político y acciones institucionales que garanticen el respeto por el derecho a defender derechos humanos, el derecho a la paz y la legitimidad de los esfuerzos orientados a una solución política y dialogada del conflicto armado.
A los organismos internacionales de derechos humanos y a la comunidad internacional:
Solicitamos a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las relatorías especiales de Naciones Unidas y a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia hacer seguimiento a la situación de riesgo, estigmatización y posible criminalización contra Danilo Rueda y contra defensores/as de derechos humanos y de paz.
Instamos a dichos organismos a requerir información al Estado colombiano sobre las medidas adoptadas para garantizar la vida, la integridad, la seguridad, el debido proceso y la protección judicial efectiva de Danilo Rueda y de las personas defensoras de derechos humanos y de paz.
Solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluar la procedencia de medidas cautelares si se configura una situación de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable contra Danilo Rueda o contra defensores/as de derechos humanos y de paz.
Convocamos a la comunidad diplomática acreditada en Colombia, a las organizaciones internacionales de derechos humanos, a las plataformas sociales y a las redes de solidaridad con la paz a acompañar, monitorear y respaldar públicamente la protección de quienes han defendido salidas dialogadas al conflicto armado colombiano.
Cra 18 No. 32a – 11
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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos –
CPDH Bogotá D.C., 6 de julio del 2026