En el caso del conflicto armado colombiano, cada vez cobra mayor sentido, validez y vigencia, la famosa frase del dramaturgo, escritor y guerrero griego Esquilo (525 a.C – 426 a. C) “la verdad es la primera víctima de una guerra”, escrita hace casi 2.500 años. O por lo menos, así parece evidenciarse, si se tienen en cuenta los acontecimientos más recientes de la política colombiana asociada con la verdad y el conflicto armado al que hemos asistido dolorosamente en las últimas siete décadas en Colombia, y en donde esté derecho de las víctimas y la sociedad en general, está en boca de todos, pero justamente para negarla, manipularla, falsearla o tergiversarla y en todo caso nunca para dejarla fluir y brindar la garantía del acceso a este necesario derecho para construir la paz.
Desde hace 9 meses Colombia está intentando desarrollar un tránsito en la forma de hacer política o al menos, así se prevé, con el arribo al gobierno del proyecto de cambio planteado por Gustavo Petro y Francia Márquez, Quiénes han planteado como eje principal de su mandato la búsqueda de la paz total acompañada de unas importantes reformas sociales en las que se incluye la siempre problemática propuesta de la tierra para los campesinos en Colombia. Sin embargo este proceso ha tenido bastante oposición de aquellos sectores que durante muchas décadas, gobernaron el país y desde allí impulsaron un modelo político, social y económico que promovió la guerra como una forma de aumento de su poder político y económico, como resultado de esta política, el país ha vivido siete décadas de un conflicto armado interno, al mismo tiempo que se han incrementado las desigualdades, la exclusión y se ha promovido la práctica de la corrupción y la impunidad, para justamente, beneficiar a quienes, valiéndose estas prácticas, luego no asumen ninguna responsabilidad política, ni fiscal, ni mucho menos judicial.
Por eso, esos sectores, pertenecientes a las élites más poderosas desde el punto de vista político y económico del país, han lanzado una ofensiva mediática, política e institucional para sabotear y entorpecer todo el proyecto impulsado por el nuevo gobierno, se trata de desprestigiar, ridiculizar y poner todo tipo de obstáculos a la posibilidad de ensayar cambios en las prácticas políticas y en las políticas públicas que busquen superar la pobreza y la inequidad existente en el país.
El conjunto de estas acciones tiene una lógica, o al menos una explicación, pues resulta bastante comprensible que quienes siempre han vivido y obtenido beneficios particulares de gobernar el país, hoy hagan lo imposible por recuperarlo para lo cual se valen de todos los medios posibles, incluido el chantaje y la amenaza de acudir a vías no institucionales para recuperar el poder. En los últimos días, hemos conocido varios hechos que así lo evidencian y que no dejan de ser preocupantes y frente a los cuales el movimiento social y popular debe tener las adecuadas previsiones e igualmente, el gobierno deberá desarrollar una acción comunicativa, que hasta el momento no hemos visto implementada, para poder mostrar las bondades y beneficios de las políticas que se impulsan para el logro de la paz y la búsqueda de la equidad social.
El día 27 de abril del año 2023 el periódico El Espectador publicó una entrevista al padre Javier Giraldo, reconocido activista social y defensor de los Derechos Humanos en la cual advertía el grave problema de la doctrina militar en Colombia, “Hay un aspecto de los cambios más estructurales que el presidente Gustavo Petro no ha asumido, no sé si lo vaya a hacer. Es el problema de las armas y la dependencia de Estados Unidos. Él ha rasguñado a los militares, ha destituido algunos generales, pero ese problema es más de fondo: no ha abordado la doctrina militar, hay que deslegitimar radicalmente y hacer otra doctrina militar. La resistencia en las Fuerzas Armadas es muy fuerte, hasta se habla de un golpe de Estado”[1]. Este rumor no es sólo eso, seguramente, es parte de ese plan, que sectores más ultraderechistas en las élites tienen previsto como una alternativa si otras estrategia no logran desestabilizar y derrocar al gobierno,
El día miércoles 10 de mayo fue convocada en la plaza de Bolívar una manifestación de las Reservas de las Fuerzas Militares, este hecho que sin duda es un acto de la capacidad de movilización de este sector de las fuerzas armadas estuvo repleto de consignas de rechazo a distintas políticas impulsadas por el gobierno entre ellas la búsqueda de la Paz Total, y en el marco de esta importante movilización, se escucharon voces como la del ex comandante de las fuerzas militares el coronel (r) Jhon Marulanda “Yo creo que Colombia está siguiendo los pasos del Perú y yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero”, dijo el expresidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, ACORE en declaraciones a la W Radio.[2]
Así mismo el día 13 de mayo la JEP revocó el beneficio de libertad del coronel (r) Publio Hernán Mejía y expidió una orden de captura en su contra por no honrar su compromiso con las garantías de no repetición y revictimización, según indicó el diario El Tiempo el día 13 de mayo de 2023. El coronel ® gozaba de este beneficio desde el año 2017 cuando se acogió a este tribunal creado en el marco del acuerdo final de paz. La decisión se toma tras analizar una serie de vídeos transmitidos a través de Youtube en el canal ‘Primero la Patria’, en los cuales el Coronel en retiro “Publio Hernán Mejía incurrió en un discurso de odio, denigrante, ofensivo que se tradujo en estigmatizaciones, amenazas, expresiones de odio, atribución de conductas delictivas sin prueba, incitación a la polarización y a la violencia, negación de la democracia y, en últimas, revictimización y lesión de los derechos de las víctimas, y presentación de la confrontación armada como única salida al conflicto armado“[3] Esta situación claramente indica que hay sectores interesados en promover una acción desestabilizadora y orientada a derrocar el actual gobierno, y todo esto seguramente tiene que ver con un plan bien diseñado cuyo propósito claramente es la retoma del poder, pero también negar que el país conozca la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y cómo distintos sectores políticos y económicos, aprovecharon la guerra para ampliar su poder, de esta manera la verdad es un derecho crucial que en este momento de transición política está en juego en Colombia.
Así las cosas, mientras el país político está ocupado de discutir los impactos de las reformas a la salud, pensional y laboral que actualmente se debaten en el congreso, y en medio de una crisis económica que está afectando de manera importante el bolsillo de los sectores más empobrecidos, debido a las alzas en los combustibles y a una tremenda carestía, con el reiterado llamado del gobierno de Gustavo Petro a fortalecer los procesos de organización popular y movilización para la defensa en las calles de las reformas que se promueven. Hay distintos sectores entre la clase política y grupos económicos estrechamente vinculados con el paramilitarismo, que vienen promoviendo abierta y descaradamente, la idea de hacer un vacío de poder, obstaculizar por todos los medios, las propuestas del gobierno y creando las condiciones para un golpe de Estado.
Se trata de los mismos sectores que Salvatore Mancuso en audiencia desde su lugar de reclusión en los Estados Unidos esta semana, no ha dudado en señalar de haber tenido vínculos con los grupos paramilitares, cuando fueron donde ellos se encontraban, a pedir apoyos para las campañas electorales o para el impulso de proyectos económicos.
Son estos mismos sectores interesados en un golpe de Estado, los que temen a “las confesiones” que puedan hacer los jefes paramilitares, a los que también de alguna manera y con la desviación de investigaciones o el silencio la fiscalía general de la nación, se intenta proteger al no impulsar investigaciones de fondo sobre los vínculos de ciertos círculos de la clase política, con la criminalidad, la violencia, la corrupción, el asesinato de líderes sociales y Defensores de los Derechos Humanos, porque a esa clase política, le preocupa que el país pueda conocer la verdad, que devele claramente todos los vínculos que tuvieron con la criminalidad, el narcotráfico, las mafias y la guerra y por eso, le resulta claramente inconveniente que el gobierno actual impulse, procesos de paz total, demandando claramente que quienes participen de tal proceso, puedan proporcionar y aportar a la verdad de lo ocurrido en el país durante los largos años del conflicto armado.
Por esta razón, no sobra reiterar la solicitud que ha hecho el gobierno y que es parte de un compromiso del movimiento social y Popular, de impulsar fuertes procesos de organización, educación política y movilización, para no permitir que los sectores que siempre alentaron la guerra, la impunidad y la corrupción, logren concretar su propósito de desestabilizar y derrocar al gobierno y aún logren retomar espacios políticos en las próximas elecciones regionales de octubre 29 del 2023, en este sentido reiterar el llamado a construir el poder popular, que permita forjar la democracia y construir la paz que el pueblo colombiano sigue anhelando.
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[1]https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/paz-total-se-habla-de-un-golpe-de-estado-contra-gustavo-petro-padre-javier-giraldo-eln/
[2]https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/fiscalia-abre-caso-por-mensaje-de-defenestrar-al-presidente-que-alerto-petro-767693
[3]https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/jep-ordena-la-captura-del-coronel-retirado-publio-hernan-mejia-por-incumplimientos-767837#:~:text=Carlos%20L%C3%B3pez-,13%20de%20mayo%202023%2C%2012%3A00%20A.,M.&text=La%20Jurisdicci%C3%B3n%20Especial%20para%20la,condicionalidad%20con%20declaraciones%20que%20dio.
Alfonso castillo, Defensor de los Derechos Humanos.
Foto tomada de: Infobae
Con información de Revista Sur